Diego Coello, Altea
El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno municipal del PP, Jacinto Mulet, defendió ayer la «legalidad del edificio que se está construyendo sobre la Cala de Toix» y a la empresa que lo realiza, Ballester Inmobiliaria, «que siempre ha cumplido con la Ley y tenía los permisos de Costas y del Ayuntamiento para construir en esta parcela del polígono Mascarat».
El edil atacó duramente a los dirigentes socialistas de Altea acusándoles de querer «tergiversar la verdad ante los ciudadanos» porque «aunque es cierto que en septiembre pasado la Dirección General de Costas sancionó a la empresa constructora por verter rocas a la playa de la cala cuando hacían el desmonte», ahora «no ha habido denuncias de este organismo. El Ayuntamiento no ha recibido ningún comunicado oficial. Y si no, que el PSOE lo demuestre con documentos y no emita sólo una nota de prensa a unos cuantos medios».
Por otro lado, Esquerra Republicana emitió ayer un comunicado desde el Congreso de Diputados felicitando al PSOE y al Ministerio de Medio Ambiente «por sancionar a la empresa constructora que está edificando en una zona de dominio público en Altea impidiendo el acceso a una de las calas adyacentes al Morro Toix».
Jacinto Mulet recordó que la parcela donde se está construyendo «forma parte del Plan Parcial Mascarat que se aprobó en 1978, antes de la actual Ley de Costas», y que por ello «es legal lo que están haciendo». Para el edil popular, «es importante para la economía de Altea y los alteanos que empresas como Ballester Inmobiliaria trabajen aquí porque genera riqueza y puestos de trabajo».
Según Mulet, la denuncia del PSOE alteano «es una prueba de que no se enteran de nada, pues el único expediente sancionador es de hace medio año, y no de ahora. Lo que dice el PSOE es falso, y tanto Laviós (portavoz del grupo municipal socialista) como Santiago Ronda (secretario general del PSOE de Altea) son los menos indicados para denunciar infracciones urbanísticas, porque en otras ocasiones ellos también han cometido infracciones de urbanismo por las que se les ha condenado. Y aquí estamos para cumplir la Ley, no para saltárnosla como ha pasado en Marbella», concluyó.
Desde Esquerra Republicana, su diputada en el Congreso, Rosa María Bonás, aplaudió «la decisión del PSOE», y pidió que «Gobierno haga sus deberes y ejerza el control de la ejecución de las obras de ampliación del puerto deportivo Campomanes igual que ha hecho ahora con lo ocurrido en la Cala de Toix». La diputada de ERC recordó que el pasado mes de marzo visitó el puerto Campomanes y que posteriormente presentó una proposición no de ley ante el Congreso de Diputados, debatida el 15 de marzo, para que el Gobierno «controle las obras del puerto». Bonás señaló que la actuación del Ministerio Ambiente para proteger la Cala de Toix «es un primer paso para iniciar acciones administrativas para que se cumpla la ley. Aplaudimos que el PSOE vea ahora la necesidad de proteger la costa de Altea, y exigimos acciones valientes por parte de la Dirección General de Costas en este sentido», apostilló la diputada.
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