B. G., Benidorm

Edificaciones Calpe, empresa del Grupo Ballester, iniciará en septiembre la construcción de dos torres de 21 plantas en la Punta Llisera de Benidorm, según informó ayer la dirección de la mercantil, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya rechazado hasta cuatro peticiones de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, solicitando revocar la licencia y paralizar las obras.

Los trabajos se iniciaron el pasado año con el derribo del antiguo edificio que ocupaba el solar, el Coblanca 10, después de que en el mes de abril el Consell autorizara la ejecución de las dos torres en zona de dominio público marítimo terrestre. Los inmuebles se construirán a 60 centímetros de la línea del mar y en la zona de mayor distancia, a 7,8 metros, cuando la Ley -posterior a la licencia- establece una protección de 20 metros. Así, cuentan con licencia municipal desde 1988 y con el visto bueno del Consell desde 2005; ahora mismo están pendientes de que el Ayuntamiento de Benidorm apruebe el proyecto de ejecución. Según fuentes de la dirección, ya se ha pactado con la empresa encargada del movimiento de tierras que las obras comiencen el próximo 4 de septiembre, para cuando se prevé tener el permiso.

Medio Ambiente recurrió la licencia antes del derribo, durante, después y cuando comenzaron a comercializarse las viviendas, hace aproximadamente cinco meses. Los tribunales han emitido hasta cuatro autos en favor de la empresa, con fechas del 24 de enero, 20 de febrero, 9 de mayo y el último, emitido por el TSJ de la Comunitat Valenciana el pasado 16 de junio.

Desde que comenzara la demolición, la empresa no ha paralizado en ningún momento las obras y considera que «tienen tantísimo respaldo legal y es tan clara su apoyatura jurídica que no se vislumbran posibilidades de que puedan ser revocadas», afirmó el asesor jurídico Jesús Bonet.

El grupo ya ha vendido parte de las 168 viviendas del complejo, el Gemelos 28, que oscilan entre los 460.000 y los 720.000 euros.

La licencia para la construcción de las dos torres de 21 plantas en lo que fue el Coblanca 10 ha sido polémica desde que el Ayuntamiento la concediese en 1988. El permiso lo obtuvo su anterior propietario, el empresario italiano Achille Cafarelli; apenas dos años después, con la revisión del PGOU, se revocó la licencia. Cafarelli pleiteó y ganó en todas las instancias; el Supremo estableció una indemnización de 14,2 millones de euros que el Consistorio debía pagarle si mantenía la revocación del permiso. En 1995, la constructora de Andrés Ballester adquirió el edificio y todos los derechos.