D. Pamies, Orihuela
El concejal del grupo municipal del PSOE en Orihuela, Francisco García Ortuño, aseguró ayer a la juez y al fiscal Anticorrupción en su declaración como testigo que la Oficina para la Rehabilitación del Casco Histórico «era un gran cambalache» y que su creaciófue «una gran malversación» porque obtuvo dinero público sin ningún tipo de control. En este sentido, señaló que gran parte de los 12 millones de euros en subvenciones para restaurar viviendas se quedaron «en manos de intermediarios». La citada entidad fue la gestora de más 1.900 millones de las antiguas pesetas de dinero público destinado a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico de Orihuela y edificios públicos desde el año 1997 a 2003, además de gestionar otros «presupuestos al margen» para edificios.
«La Oficina del Casco Histórico - declaró ayer el concejal García Ortuño - no era una oficina, era un cambalache creado por el ex conseller y ex alcalde Luis Fernando Cartagena y José Vicente Escudero, con el visto bueno del actual alcalde José Manuel Medina y el Consell».
Según la declaración de este edil, la Generalitat Valenciana destinaba subvencionese para el casco histórico, «que eran necesarias, pero la oficina la distribuía forma irregular e ilegal, mangoneando, llevándose las perras, sin control ninguno, sin intervención, sin arquitecto...». Según el mismo testimonio, la citada oficina habría ido aprobando subvenciones y empleando comisionistas para adquirir edificios para sanearlos y reconstruirlos, realizándose operaciones combinadas para conseguir un sobrevalor «en una compra tras otra, que no se documenta más que privadamente» hasta que la Conselleria y el Ayuntamiento pagan una cantidad desorbitada «por algo que vale mucho menos».
García Ortuño inició su declaración sobre las tres de la tarde tras una maratoniana jornada de citaciones a ediles relacionadas con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la gestión municipal en el juzgado Número 5. Ortuño describió asimismo una «extraña operación» supuestamente realizada por el alcalde José Manuel Medina, que habría ordenado un mandamiento de pago por valor de 300.000 euros «a nombre del mismo mandante, a nombre de sí mismo». Ortuño dijo que «entendia » que el destino final de « esos pagos era José Vicente Escudero». También salió a relucir en la declaración el hecho de que durante la última época de gestión de esta entidad, a partir de 2002, su director, José Vicente Escudero, siempre según la declaración citada, estaba incurriendo en incompatibilidades para ejercer ese cargo puesto que trabajaba para asesorar a otras mercantiles. El propio Ortuño abundó en el hecho de que la beneficiaria de las obras de rehabilitación de edificios públicos era «con mucha frecuencia la empresa Doalco» . García Ortuño sugirió finalmente que los juzgados debían pedir la documentación y expedientes vinculados a esa mercantil.
Dejadez de Intervención
Por su parte, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela, Paz Chazarra, en su declaración sobre el presunto desfase de once millones de euros registrado en las cuentas municipales atribuyó estas anomalías a la «dejadez» del departamento de Intervención Municipal «durante muchos años» , periodo en el que lo dirigió el ex interventor José Manuel Espinosa Fenoll.
La concejala aseguró que no creía que sobre esta asunto tuviera una responsabilidad política. «Todos sabemos quién es el garante de la contabilidad municipal en el Ayuntamiento (en referencia al ex interventor municipal José Manuel Espinosa Fenoll); no es ni el concejal de Hacienda, ni el alcalde», por lo que «no hay responsabilidades» políticas por este asunto, manifestó a los periodistas.
El caso fue detectado en la liquidación de los presupuestos municipales de 2004 emprendida por el sustituto del ex interventor José Manuel Espinosa Fenoll. Este último funcionario se autoinculpó de irregularidades contables en febrero de 2004 por haberse apropiado de una cantidad de dinero de las arcas municipales. Sus posteriores revelaciones ante los ediles de la oposición dieron pie a la investigación de la fiscalía Anticorrupción, de la que se desglosa ahora este asunto. A preguntas de este diario, Chazarra recordó que el equipo de gobierno municipal llevó a pleno, en mayo de 2005, el decreto de alcaldía de liquidación del presupuesto del año anterior para «dar mayor transparencia a las cuentas». Un pleno en el que la propia edil reconoció la falta de coincidencia entre lo que recogía la documentación de la contabilidad municipal y la realidad contable.
