A. Ruiz/V. X. C, L'Atzúvia
Por este motivo, Caballero rechaza la aprobación de esos tres PAI y su suspensión provisional, y atiende así una petición del grupo Gelibre, que eleva el número total de casas a construir a 1.958 y que desde hace tiempo viene oponiéndose a las pretensiones urbanísticas del gobierno local, del PP.
Para avalar su decisión, la Síndica advierte en primer lugar de que l'Atzúvia ha aprobado esos tres planes parciales, que urbanizarían un mínimo de 818.000 m2, basándose en unas normas subsidiarias de 1981 y sin haber redactado antes un Plan General que racionalice el futuro urbanístico de la población. El organismo advierte de que ya desde 1994 los municipios valencianos tienen la obligación de redactar sus PGOU, precepto que ahora ha sido incumplido por el ayuntamiento con el consentimiento, por cierto, de la propia Conselleria de Medio Ambiente y Agua. Sólo un Plan General asegura, «un desarrollo sostenible, equilibrado y racional» del municipio.
El Ayuntamiento de l'Atzúvia advirtió ante la propia Síndica que había aprobado provisionalmente esos PAI por la necesidad de buscar alternativas económicas para evitar que «la población desaparezca como tal debido a que su economía agrícola cae año tras año».
Sin embargo, la Síndica señala que primero es necesario proyectar «unas políticas urbanísticas dirigidas a compatibilizar crecimiento y dinamismo económico con cohesión social sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones». Un objetivo imposible de cumplir con unas normas subsidiarias de hace más de 25 años que «no reflejan los numerosos cambios legislativos que han habido desde entonces en normativa urbanística». La Síndica recuerda que esa necesidad de un planeamiento global está recogida por la actual ley urbanística valenciana (la LOTPP), por el nuevo Estatut Autnómic, por la Unión Europea y por jurisprudencia del TSJ .
El ayuntamiento también se comprometió a construir esas 1.200 viviendas «a lo largo de muchos años, de forma progresiva». Pero la Síndica advierte de que con la aprobación de los PAI «el consistorio queda obligado frente al promotor a autorizar las futuras casas».
Por otro lado, la Síndica exige la suspensión del procedimiento de aprobación definitiva de lo que califica como «macroproyecto urbanístico» hasta que el ayuntamiento no obtenga un permiso favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este sentido, Caballero es muy dura: «esta institución no entiende cómo los miembros de la corporación local de l'Atzúvia aprobaron provisionalmente este ambicioso proyecto urbanístico sin conocer una cuestión tras trascendental como es si existe agua suficiente para abastecer las necesidades derivadas de las 1.200 futuras viviendas».
La Síndica insta tanto al consistorio como a la conselleria a que no aprueben los planes parciales sin que la CHJ acredite «la existencia de recursos hídricos suficientes»; e informa de que enviará copia de su resolución a la Confederación, cuyo veredicto «es insustituible».
L'Atzúvia tampoco contempla una evaluación del impacto ambiental que tendrá la actuación urbanística proyectada sobre el régimen hídrico del parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Al respecto, recuerda que uno de los PAI, el de la Moleta, se encuentra en la zona de amortiguación del PORN del Marjal. Este estudio tampoco ha sido reclamado por la conselleria.
Al proyecto municipal también le faltan un estudio de paisaje
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en cambio sí reclamado por Medio Ambiente
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y otro sobre la afección del desarrollo urbanístico al Plan General de Ordenación Forestal.
