M. Candela, Alcoi
Cuatro grupos familiares y una empresa, concretamente Tarrac, SL, llegaron a concentrar un volumen de créditos de 239,4 millones de pesetas, lo que significaba el 42% del total otorgado por la Caja de Crédito de Alcoi, según reveló ayer uno de los peritos económicos al tribunal.
La sesión se acometió con la continuación del interrogatorio a los síndicos de la quiebra y los interventores de la suspensión de pagos, que explicaron las contradicciones con la recuperación de créditos señaladas por abogados de la defensa en la jornada anterior. Tras haber consultado con los letrados que se ocupan del tema explicaron que las divergencias entre cantidades eran porque se confundía lo que se debía a la Caja de Alcoi con lo que se reclamaba, cantidad esta última siempre superior al incorporar costas e intereses. En este sentido, señalaron que hasta el momento -en concreto, hasta el pasado noviembre- se ha recuperado 1,1 millones de euros, de los que 885.456 euros se corresponden con deuda real de la entidad.
El magistrado ponente José María Merlos preguntó por las causas de la crisis de la institución financiera, reiterando los peritos que fue por la concesión de créditos sin garantías y la concentración de riesgos. "Vimos todos los créditos, analizamos los riesgos y la concentración y comprobamos que los créditos se avalaban unos con otros". Aparte, desvelaron que cuatro familias -Llopis, Javaloyes, Trías y Villaseñor-y la mercantil Tarrac S.L., concentraban una morosidad de 239 millones de pesetas, lo que implicaba el 42% del riesgo contraído por la caja. Para los técnicos esta cifra constituía una "gran concentración de riesgo".
El tribunal también mostró interés por aclarar en su justo término el montante de la deuda de la financiera y los créditos recuperados, una cuestión que es considerada básica toda vez que está relacionada con la responsabilidad civil que puede contraerse si en el veredicto se condena a alguno o todos los acusados.
Minar la credibilidad
Las defensas de los acusados continuaron ayer tratando de minar la credibilidad de los peritos ante el tribunal, al igual que se había hecho en el primer día. En este sentido, se volvió a suscitar la situación de José Francés, que fue miembro del consejo rector en la etapa en que se produjo la sanción por el Banco de España y luego interventor de la suspensión de pagos, al igual que en la sesión precedente. También se puso sobre la mesa un crédito de 16,2 millones de pesetas concedido tras la suspensión de pagos, que fue aprobado por los interventores y luego no se devolvió.