M. Candela, Alcoi
El fiscal mostró su convencimiento, durante su informe definitivo, de que hubo "manipulación" por parte de los principales directivos de la Caja de Crédito de Alcoi para llevar "el dinero a sus bolsillos particulares".
A su juicio, de los testimonios deparados durante el juicio y muy especialmente de los peritos, se desprende que hubo "balances maquillados", "inacción de cobro", "libros contables que faltan de los años 1993 y 1994", y "los del año anterior sin legalizar", por lo que "no reflejan la contabilidad real de la Caja de Alcoi". Igualmente, cree probado que hubo "préstamos sin garantías" y "sustracción de fondos del banco".
El acusador público, fiel a su escrito inicial, detalló algunas de las operaciones que sustentan la acusación de quiebra fraudulenta, pero puso como ejemplo de todo las relacionadas con el hijo del director general, Jesús Lidiano Llopis, que mantiene una deuda de más de 23 millones de pesetas. Especialmente, comentó la de la víspera de la suspensión de pagos, al considerar que "es una muestra de cómo se perjudica a la masa de clientes de la Caja", la mayor parte de las veces "eludiendo el control del consejo rector".
También considera probado que, junto al director general Jesús Llopis, su hijo Jesús Lidiano Llopis participaba en las operaciones irregulares. "Colaboró de forma necesaria" en la de la víspera, "pero tengo la convicción de que fue en todo". Acerca de la participación de la subdirectora general Mercedes Llopis, argumentó que "creer que su participación fue tan inocente como se nos ha hecho creer, resulta increíble", para añadir que si obedecía instrucciones "podía haberse negado".
Acerca de las actividades generales de la dirección de la Caja de Crédito de Alcoi significó que "no hablamos de una operación arriesgada sino de dejar la Caja sin bienes. Todo esto, necesitaba la implicación de Jesús Llopis, de Mercedes Llopis y del director de la sucursal, cuya colaboración era necesaria". Con estas argumentaciones considera que la vista oral ha servido para ratificar la imputación de la insolvencia punible.
Sobre Ángel Lidiano Llopis y Miguel Rodríguez, imputados por lo ocurrido con Tarrac-Proaltea, explicó que se trató de una "rocambolesca operación", en la que "la Caja de Crédito no se benefició en nada y todos están implicados". La entidad se quedó "con unos terrenos comprados que no existen y que no son ni de Proaltea ni de Tarrac".