M. Candela, Alcoi
Una sentencia del Tribunal Supremo, publicada anteayer, complica la posibilidad de que el Consell pague los gastos de abogados a los afectados de Ardystil. Este fallo juidicial obliga a la Administración a devolver las subvenciones otorgadas a los afectados por las crisis del Forum Filatélico y Afinsa, al entender que estas ayudas contravienen la legislación vigente. Fuentes cercanas a la defensa de Ardystil admitieron ayer que esta sentencia es "un duro golpe" a sus reivindicaciones.
Los afectados por el síndrome Ardystil, como viene informando este diario, están inmersos en una estrategia de reclamación de los gastos que han supuesto los procesos judiciales auspiciados desde 1992 y que han significado un desembolso aproximado de 700.000 euros. Estas reivindicaciones se sustentan en una resolución de las Corts Valencianes del 8 de julio de 1993, en la que se acordó que la Generalitat asumiría el coste de la defensa legal del colectivo. El acuerdo, además, fue adoptado con la unanimidad de todos los grupos políticos.
Esta estrategia acaba de registrar un contundente revés, según se admitía ayer, a resultas de una sentencia de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha declarado ilegales las ayudas otorgadas por el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Consumo, a los afectados por las crisis de Fórum Filatélico y Afinsa. Estos colectivos recibieron 1,7 millones de euros a través de diferentes asociaciones de consumidores como UCE, OCU, Adicae y otras, que ahora deberán devolverse. El fallo no es firme y aún puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.
El Supremo ha amparado su fallo, que establece jurisprudencia sobre la materia, en que la legislación vigente veta este tipo de subvenciones. En concreto, La Ley General de Subvenciones 38/2008 establece, según las fuentes consultadas, que "prohíbe subvencionar los gastos de procedimientos judiciales".
Fuentes de la defensa de los afectados no ocultaron ayer su sorpresa y desazón ante este fallo, que no dudaron va en contra de sus intereses. En estos momentos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia tramita una demanda de 56 afectados de Ardystil contra la Generalitat Valenciana, de forma específica contra la Conselleria de Trabajo, en la que se reclama el pago de unos 500.000 euros por los gastos derivados de los procesos judiciales, que de momento han devengado los propios afectados.
La demanda fue planteada a principios de septiembre de 2007, seis meses después de que la reclamación económica se formulara ante la Conselleria de Trabajo, sin que mediara respuesta por parte de la administración. En la mismas fechas, se efectuó una segunda reivindicación consistente en el pago por la Conselleria de Trabajo de las indemnizaciones a los 46 afectados no beneficiados por la condena del inspector de Trabajo y que no pudieron cobrarlas por la insolvencia de los propietarios de las aerografías.
En este caso, el TSJ todavía está estudiando si la admite a trámite, cuando han transcurrido seis meses.
La Caja de Crédito de Alcoi
La citada resolución también puede incidir al colectivo implicado por la quiebra de la Caja de Alcoi, que está pendiente de recibir unas ayudas del Ayuntamiento -aún no concretadas- para pagar los gastos judiciales. El portavoz del colectivo, Enrique Rodes, dijo ayer que contactará con los responsables del Ayuntamiento "con el fin de ver qué hacemos con esta sentencia, que para nosotros puede resultar un grave problema".
