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Des de la trinxera
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Blog Des de la trinxera - Vicent Gisbert Monzó

Vicent Gisbert Monzó

No importa el que hom és sinó on està. Les coses són, les persones estan.

Sobre este blog de Nacional

Atrévete a ser sabio! La mayor parte de los hombres están ya demasiado fatigados tras la lucha contra la necesidad, como para animarse a afrontar una lucha contra el error; y cuando siente necesidades más elevadas, adoptan con ávida fe las fórmulas que el Estado y la Iglesia les proporciona. ...


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  • 05
    Noviembre
    2013

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    La Setencia sobre l'ERO de Canal 9

    Respecte a la Sentencia del TSJCV que anul.la l’ERO de, per entendre’s, CANAL 9, m’agradaria, simplement, per si als gestors i polítics que han arruïnat aquesta empresa els entra quelcom de vergonya i asumixen algun tipus de responsabilitat, destacar algunes de les asseveracions que els jutges fan en els fonaments de dret de la Sentencia, que cal recordar que són fets provats (ho deixe tal com la Sentencia diu, malgrat he ressaltat en negrita i subratllat algunes qüestions que em pareix importants)

    • -      El Grupo RTVV poseía al inicio de la tramitación del presente despido colectivo una plantilla aproximada de 1.628 persones
    • -      Respecto al número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por dicho despido no se suministró una relación desglosada por los centros de Trabajo existentes, ni por provincias afectadas, ni por las tres comunidades autónomas en las que se encontraban los diferentes centros de trabajo.
    • -      El nivel de endeudamiento (a fecha de conclusión del año 2011) suponía la suma de 1.305.797.837,67 euros, con un importe total del patrimonio neto consolidado negativo por un importe de 1.199.935.562,46 euros.
    • -      El número de trabajadores totales no afectados en el Grupo por el procedimiento de despido colectivo ascendió a 480 trabajadores y la aplicación de la medida implicaba la extinción de un total de 1.198 contratos de Trabajo.
    • -      Del estudio de la documentación aportada ... se desprende que en principio la demandada aportó la documentación antes indicada, salvo una relevante, que se correspondía con la relacionada con el listado del número y clasificación profesional de los trabajadores que iban a ser afectados por el expediente de regulación de empleo, desglosando la misma por centros de trabajos y, en su caso, provincias y Comunidades Autónomas.
    • -      Otra deficiencia que observa la Sala en cuanto a dicha falta de información, y podríamos decir ocultación, relacionada con la documentación fue la extracción del contenido de parte del informe PwC antes mencionado respecto a las conclusions correspondientes precisamente a la estimación preliminar del coste de los servicios a externalizar.
    • -      De la documentación examinada, nos consta que la parte demandada sí aportó el listado con el número y clasificación de los trabajadores que iban a ser afectados, como asimismo requiere la letra a) de dicho precepto, pero no suministró con la comunicación inicial la relación nominativa de los trabajadores afectados. Tampoco la aportó, una vez ya iniciado el proceso judicial, tras ser requerida por la Secretaria Judicial de éste TSJ para que se justificara por parte de la demandada la notificación a los trabajadores que pudieran resultar afectados, proporcionando la demandada, por el contrario, el listado completo de todos los trabajadores que componían la plantilla del Grupo a efectos de la comunicación que marca el art.124 de la LJS.
    • -      La fijación y contenido de aquellos criterios en la fase de inicio del proceso negociador resultaban ser ambiguos, subjetivos y genéricos, arrojando poca luz para poder negociar y una patente dificultad para llegar a definir cuales serían en la práctica los criterios de selección a aplicar a la plantilla, e impidiéndose así, con un mínimo de seguridad, llegar a delimitar o a acotar los criterios de elección del personal sobre el que se tenía proyectado implantar la medida de resolución contractual que afectaba a más del 70 % de la plantilla existente.
    • -      Consta, y así lo hemos dado por acreditado, que tras la toma del Acuerdo Final, se pasaron a fijar otros criterios de designación –quizás un poco más claros y objetivos- (aunque) respecto a la distinta baremación decidida y utilizada no encontramos justificación ni explicación razonable.
    • -      Una vez confeccionados los listados del personal afectado por el ERE en base a aquellos criterios diferenciados, se produjeron también alteraciones en dichos criterios, que vinieron generados no por la existencia de errores – lógicos y explicables ante el voluminoso número de afectados - en la aplicación de los puntos de selección establecidos, sino por la inclusión de criterios distintos a los aprobados en la decisión final del ERE...todo lo cual determina que apreciemos irregularidades importantes en el transcurso de la medida adoptada que vulnerarían el principio de igualdad previsto en el art. 14 de la CE
    • -      Por otro lado, la condición de ente público del empleador y su sumisión a la normativa presupuestaria no le exime del deber de negociar de buena fe (STS 14 marzo 2006, Rec 99/05). En el caso que enjuiciamos, falló y se omitió información relevante al desconocerse y no aportarse, al inicio del período de consultas, no sólo la lista de afectados sino los propios criterios de selección posteriormente aprobados.

     

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