A falta de que la justicia se pronuncie sobre la presunta financiación irregular de CDC y el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública, el señor Artur Mas ya ha recibido la primera sentencia condenatoria de un largo proceso judicial, que lo inhabilita a dos años para ostentar cualquier cargo público por permitir la celebración de la consulta del 9-N.
Desde sectores nacionalistas se ha querido torticeramente confundir a la opinión pública, afirmando que la consulta era legal porque tenía el aval del Parlament de Cataluña, cuando la Constitución prohíbe cualquier tipo de consulta que no esté refrendada por el Parlamento de la Nación, sede de soberanía nacional.
No se trata de un juicio político, como algunos de forma interesada quieren presentar. La consulta fue un acto ilegal, como así lo ratificó el Tribunal Constitucional y así lo ha ratificado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nada que objetar a la decisión de los jueces.
Nadie teme a las urnas. Todo lo contrario. Votar es un derecho, pero de todos los españoles, no solo de una parte del Estado. Las leyes nos afectan a todos por igual y saltárselas o negarle legitimidad a los Tribunales de Justicia, no es el camino.
Tampoco nadie ha judicializado el proceso soberanista. Lo que ocurre en cualquier Estado de Derecho es que cuando se incumplen las leyes, actúa la justicia. Ni más ni menos. Nadie está por encima de la Ley.
Ha faltado diálogo por ambas partes. Y la consecuencia de esa falta de diálogo se ha materializado en años de desencuentro entre ambos presidentes. Tanto Artur Mas, primero como ahora Carles Puigdemont, como el presidente Mariano Rajoy son responsables de no haber sido capaces de resolver esta cuestión desde el dialogo y el entendimiento.
