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patricio sim贸 gisbert

Aprendiz de mucho, maestro de nada.

Sobre este blog de Nacional

No pretendo en absoluto sentar dogma de nada sino sencillamente dar mi opini贸n sobre lo que va ocurriendo en el mundo, desde una 贸ptica muy personal y a ser posible amena. Si lo consigo: estupendo; si no, seguir茅 intent谩ndolo.


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  • 21
    Diciembre
    2014

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    Injerencias en la judicatura.

    En democracia, la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es fundamental. No se concibe la democracia de otra manera que no sea así.

    La dimisión estos días del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres- Dulce, obedece a presiones del gobierno, es decir, a la injerencia de un poder, en este caso, el ejecutivo sobre otro, el judicial. Y no a razones personales, como erróneamente se nos quiere hacer creer.

    El funcionamiento de cualquier país democrático se asienta sobre estos tres poderes.

    La separación de poderes de los que hablaba Locke y Montesquieu es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno. Si no hay separación de poderes  o cuando uno o varios de estos poderes están subordinados a otro, se pone en peligro la libertad de las personas. Y eso es, exactamente, lo que está pasando.

    El mal llamado Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno y no los jueces. Los magistrados y jueces que forman el Tribunal Constitucional, son nombrados, en este caso, por los partidos políticos en función de las afinidades ideológicas, de tal manera que hay jueces conservadores, proclives al PP y jueces progresistas, proclives al PSOE, aglutinados a su vez en asociaciones progresistas y conservadoras.

    Si la justicia a parte de rápida y eficaz tiene que ser independiente deberían ser los propios jueces quienes eligieran a sus miembros,  a través del Consejo General del Poder Judicial y no el gobierno de turno quien los nombre.

    Todos los gobiernos de la democracia, no sólo el PP, han utilizado la fiscalía con fines políticos.

    La gota que ha colmado el vaso en la judicatura han sido las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a propósito de la excarcelación de presos etarras a los que se les han computado las penas cumplidas en Francia, acusando a los magistrados de haber cometido prevaricación. 13 de los 18 miembros  de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo acusan al ministro y al gobierno de la nación de injerencia en las labores de la justicia. Algo insólito. Mal vamos.

     

     

     

     

     

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