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patricio simó gisbert

Aprendiz de mucho, maestro de nada.

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No pretendo en absoluto sentar dogma de nada sino sencillamente dar mi opinión sobre lo que va ocurriendo en el mundo, desde una óptica muy personal y a ser posible amena. Si lo consigo: estupendo; si no, seguiré intentándolo.


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  • 17
    Junio
    2016

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    Nacional Valencia

    Podemos quiere cargarse también la separación de poderes

    No contentos con su propuesta de someter a los medios de comunicación a un férreo control político por parte del Estado, que pondría en serio peligro la libertad de expresión en este país, el cofundador de podemos, Juan Carlos Monedero, ha manifestado durante un mitin en Cartagena, su voluntad de que los jueces y los cuerpos de seguridad del Estado, en referencia a la Guardia Civil, reciban órdenes directas del Gobierno- cuando manden ellos, claro, para luchar contra la corrupción, cargándose de este modo, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como es la separación de poderes.
    A Monedero le gustaría ver al señor Iglesias dando órdenes a los jueces y a la Guardia Civil para meter en la trena a los corruptos del PP, en una clara injerencia del poder legislativo sobre el judicial.
    Posteriormente, la formación morada ha matizado las palabras de Monedero y ha dicho que se han saco de contexto. Sea como fuere, las palabras del politólogo han sido rechazadas por jueces y fiscales, que las ha calificado de grave injerencia en el poder judicial y de no respetar la separación de poderes
    Monedero olvida que en democracia, la independencia judicial es sagrada. Es la mejor garantía de que la justicia es igual para todos.
    Primero propusieron, si llegaban al Gobierno, que jueces y fiscales les juraran fidelidad y lealtad, solo les faltó pedirles también amor eterno. Esta propuesta fue tildada, por muchos, de “involución democrática” .No es para menos. Si a los jueces y fiscales se les pidiera carné “político” para ejercer su cago, la justica en España sería igual de independiente que en Venezuela, donde se inventan pruebas para meter en la cárcel a los líderes opositores, con la aquiescencia de la judicatura y el gobierno, que actúan al unísono y bajo un único criterio: permanecer en el poder, bajo la falsa apariencia de un régimen democrático.

     

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