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El Blog de Josep Antoni
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josep antoni mollà soriano

Encara que soc mestre titolat, "profesor de E.G. B.", deia el paper, i he treballat a Correus, el periodisme de "corresponsal", al Noticias al dia dirigida pel mestre J. J. Pérez Benlloch, i després la del Levante, fins que funde en 1987 "Crònica" per a la Vall, mentre ...

Sobre este blog de Comarcas

En este Blog tenen cabuda les meues col.laboracions setmanals a l'edició vall d'albaidina d'este diari: "El mirador del Benicadell" i "la noticia de la setmana a la Vall Blanca". També aniran caent altres escrits amb punts de vista i assumptes diferents, que puga ...


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  • 30
    Diciembre
    2013

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    JUGADA POLÍTICA EN ONTINYENT

     Curándose en salud (la que atañe al buen gobierno de las fuerzas progresistas) y haciendo de la necesidad virtud, el equipo de gobierno de Ontinyent, PSOE-Compromís, acaba de aplicar aquello de que la mejor teoría es la praxis al tiempo que, mostrando un ingenio político desacostumbrado por el lugar, han decidido taparle la boca con los mimbres de la cordura y la eficacia resultantes, digo “del análisis del sistema de gestión de cuatro servicios municipales, para saber si la prestación de los mismos sería más barata desde la iniciativa pública que desde la privada, como se hace actualmente”, es decir la tarea que le ha encomendado al concejal bisagra de EU, Manuel Ruíz, entestado en una quimera “sine die”, que llevaba camino de desestabilizar el gobierno y la imagen de los progresistas ontinyentins.

    Por ello, incluso para los votantes de EU, la decisión de Rodríguez sirve para quitarles el sonrojo al que los sometía una actitud tan negativa, para la izquierda en general, que acometía Ruiz en su papel de mosca cojonera, entorpeciendo, sin ton ni son y, sobre todo, vacío de argumentos sostenibles en su peculiar beligerancia. Referida a la gestión de los otros dos partidos de gobierno, de la que comía(es decir que era el primero en salir en la foto) pero no se mojaba. Ahora a M. Ruiz le compete dar la talla y arbitrar un partido en el que no puede ser juez y parte, velando por el rigor y la honesta gestación de su desarrollo, para aceptar al final, sin tiquis miquis, como nos tiene acostumbrados en su dilatada trayectoria política, el resultado que emane de dichos estudios.

    Los beneficiarios, en primer lugar, han de ser los contribuyentes, aunque de carambola debe servir dicha jugada para  dar sosiego al gobierno ontinyentí de las fuerzas progresistas, de cara a limar las graves consecuencias que los gobiernos del PP en Valencia y en Madrid están infringiéndole a la población, para el caso la ontinyentina, con sus derroches, corrupción o retroceso democrático, hasta situarnos en las puertas de la dictadura franquista, como balance de las plagas públicas acarreadas por el Partido Popular.

    Obviamente el gobierno municipal va a la suya mediante el susodicho, “estudio de la asunción de la gestión de servicios”, respecto a la tramitación en Las Cortes Generales de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que afectaría a la autonomía local reduciendo sus competencias.  Además el gobierno ontinentí inserta dicha idea en “el contexto de la nueva normativa de reducción del déficit público y de determinación de las competencias municipales”. Avalada por el pronunciamiento reciente del Tribunal de Cuentas, que ha hecho público un informe en el que indica que “algunos servicios externalizados pueden resultar más baratos si la gestión es pública”.

    Lo que si han dejado bien clarito los de Rodríguez, es descartar, sea qual sea el resultado del estudio, “la constitución de una empresa pública para la prestación global de todos estos servicios”.

    Por otra parte se inscribe como un paso adelante del gobierno progresista ontinyentí la implicación social que acaban de alumbrar, mediante la delegación a los vecinos de Ontinyent para que “puedan votar por primera vez qué inversiones se deben ejecutar en la ciudad”. Para lo cual se ha establecido la correspondiente normativa. Las propuestas resultantes, que se canalizarán por el Consell de Ciutat, por un importe global máximo de 350.000 euros, por ahora son todo un enigma hacía lo desconocido, aunque en ningún caso se le podrá reprochar su falta de valentía por democratizar la gestión pública.

     

     

     

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