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EL RINCON DEL FUNCIONARIO
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Sobre este blog de Valencia

Blog dedicado a analizar la actualidad económica y política de la Región de Murcia, así como a debatir sobre las Administraciones Públicas


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  • 28
    Febrero
    2011

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    EL GOBIERNO HA DINAMITADO LA NEGOCIACION COLECTIVA

    Uno de los actores principales en las movilizaciones que estamos llevando a cabo los empleados públicos es Pedro M. Vicente, Secretario de la Federación de Enseñanza de CC.OO., y coordinador del Area Pública de esta organización, por eso su opinión era más necesaria que nunca traerla hasta este rincón.

    Es Vd. el coordinador del Área Pública de CCOO en nuestra región, dígame ¿Qué es esta Área Pública?

    En CCOO tres distintas Federaciones (Sanidad, Servicios a la Comunidad y Enseñanza) dirigen parte de su acción sindical a los servicios públicos y las administraciones. El Área Pública es el instrumento necesario para coordinar sistemáticamente esta acción sindical en busca de la mayor eficacia y de dotarse de una única voz que exprese la cohesión y coherencia de la organización.

    CCOO está presente en la Mesa General de la Función Pública y en las tres Mesas Sectoriales, en cada Mesa Sectorial interviene una Federación ¿Cómo estructuran Vds. su participación en la Mesa General?.

    En la generalidad de los casos, el coordinador del Área Pública representa a la organización y acude asesorado por responsables de las Federaciones afectadas por los temas objeto de negociación.

    ¿Cómo definiría Vd. el estado de la negociación colectiva en nuestra región?

    La negociación colectiva ha sido dinamitada por el Gobierno Regional, la aprobación sorpresiva y traicionera de la Ley de Medidas Extraordinarias ha tirado a la basura 12 años de acuerdos sindicales, incluyendo en ellos los de Julio y Septiembre pasados en los que por fin se completaba la homologación salarial del personal de administración y de servicios.

    El gobierno regional se sentó finalmente a negociar con los sindicatos y alcanzó un acuerdo con 5 de ellos. CCOO no quiso firmar ese Acuerdo, ¿porqué?.

    La negociación se produjo fuera del marco legal de negociación colectiva, la Mesa Genera de la Función Pública, en un contexto de unidad sindical. El gobierno sabe perfectamente que el documento que ha firmado con los sindicatos responsables de la ruptura sindical no lo puede tramitar como un Acuerdo porque sería rechazado en la Mesa General. Por ello lo ha tramitado como proposición de Ley de su grupo parlamentario. Una vez más modifican derechos laborales por Ley del grupo popular de la Asamblea sin que exista un Acuerdo previo en el ámbito legalmente establecido para la negociación colectiva. Y de paso cuestionan la división de poderes, porque los Acuerdos deben tramitarse en el Parlamento como propuesta de Ley del gobierno. Esta gente confunde poder legislativo con ejecutivo, y negociaciones informales con la negociación colectiva legalmente establecida.
    En cuanto a los motivos de nuestro rechazo éstos están claros. Sigue habiendo un importante recorte de derechos laborales y sociales, un aumento de jornada que va a seguir traduciéndose en despidos (o no renovaciones) en el SMS y en el IMAS, y que van a suponer un importante ajuste de la plantilla de docentes y de PAS.

    Pero el gobierno regional y los sindicatos firmantes insisten en que es una medida coyuntural con fecha de caducidad.

    La LME es una modificación de la Ley de presupuestos de 2011, que es una Ley anual. En este sentido no hay novedad en la Ley Tirita de la LME. Además no hay ninguna garantía de qué es lo que vaya a ocurrir con los presupuestos de 2012. Queda también la cuestión de la credibilidad del gobierno regional después de derogar 12 años de diálogo y negociación que es lo que realmente se deroga cuando se anulan unilateralmente los acuerdos suscritos en estos años. ¿Quién nos garantiza que cualquier acuerdo futuro va a mantenerse en el tiempo y no va a correr la misma suerte que los anteriores?.

    Pero el gobierno regional ya había suspendido anteriormente la aplicación de acuerdos y CCOO había aceptado retemporalizar la aplicación de éstos. ¿por qué, en su opinión, ahora es distinto?

    CCOO no es una organización fundamentalista o maximalista. En los casos que Vd. comenta nos encontramos en una situación de diálogo y de mantenimiento de la negociación colectiva. Podemos entender la existencia de situaciones de dificultad y ser razonables en la temporalización de los acuerdos, manteniendo siempre la plenitud de los derechos y de los avances conseguidos. Ahora se trata de decisiones unilaterales que suponen graves retrocesos. Eso es inaceptable y podemos ser tan contundentes en la contestación como razonables en el diálogo

    ¿A qué achaca Vd. el cambio en la actitud del Gobierno Regional?.

    Está claro que no son lo mismo las épocas de crisis que las de bonanza. Los gobiernos de Valcárcel han vivido un periodo dulce de la economía española y regional. En el 95 estábamos empezando a salir de la anterior crisis y han vivido en la fase expansiva del ciclo. Mientras el crecimiento regional era el mayor de todo el Estado y los ingresos no paraban de fluir en las arcas públicas mantuvo una política de diálogo y de acuerdos. Las organizaciones sindicales jugamos nuestro papel en representación de los empleados públicos y garantizando que paralelamente se mejoraran los servicios públicos y que la inversión pública sirviera para estructurar la región. Cuando ha llegado la crisis, y no una crisis cualquiera sino una crisis de largo aliento, el gobierno no ha sido capaz ni de atender las advertencias y sugerencias que desde el moviendo sindical, y especialmente desde CCOO le hemos venido haciendo, ni de implementar las políticas adecuadas para lograr una salida social a la crisis en base a un cambio en el modelo productivo, ni de mantener el diálogo social para buscar respuestas consensuadas a las dificultades.
    Les ha salido a la superficie su alma profunda y han puesto en marcha unas medidas sumamente agresivas que culpabilizan de la crisis al sector público y a sus servidores. Han optado por aplicar la receta neo liberal en lo económico y por presentarse con una imagen de derecha pura y dura muy alejada de su pretensión anterior de aparecer como un partido centrista.

    La situación creada después del 23-F con la aprobación de la Ley sitúa a los no firmantes ante la cuestión del ¿y ahora qué?.

    La reforma de la LME, la ley tirita, no soluciona nada. Sigue habiendo un ajuste duro contra los empleados públicos y se seguirá perdiendo empleo público (en educación, el recorte será en septiembre con el comienzo del nuevo curso). La energía y fuerza puesta en marcha en la contestación a la LME debe ser conservada para enfrentar la segunda parte del ajuste, que va a ser más dura aún que la primera, y que se anunciará una vez pasadas las elecciones autonómicas. Tras éstas y las municipales vamos a asistir a la quiebra de algún ayuntamiento y a un nuevo ajuste. Ya es inocultable, por más que el gobierno Valcárcel ha intentado retrasar el conocimiento del dato, que el déficit acumulado en 2010 fue del 5%. En estas circunstancias y para cumplir con el déficit comprometido en 2011 el gobierno va a tener que practicar un recorte de 1000 millones de euros. Sin contar con las falsas previsiones de ingresos que ya sabemos que no se van a producir. El agujero en las cuentas públicas va a ser descomunal. El plan de sostenibilidad de las finanzas públicas que el Ministerio exige a la Comunidad debe ser trienal, por lo que tampoco se puede hacer la trampa de deslizar al ejercicio siguiente determinados pagos.
    O se cambia la perspectiva y se actúa sobre los ingresos y se hacen adaptaciones no solo cosméticas de la estructura administrativa y gubernamental o el desequilibrio presupuestario y financiero será inabordable.
    Los empleados públicos deben estar preparados para afrontar una etapa muy dura en la que va a ser necesario emplearse a fondo en defensa del empleo, de los derechos y de los servicios públicos. Nuestro mensaje está claro, para afrontar los tiempos difíciles saben que pueden contar con CCOO, estamos preparados y sabemos lo que hay que hacer.

    En determinados sectores de la opinión pública existe la opinión de que la posición combativa de CCOO contra la LME se debe a que se le quitan liberados sindicales, y que la respuesta al tijeretazo de Zapatero no tuvo la misma intensidad.

    Me plantea Vd. dos cuestiones y voy a responderte a las dos. Vaya por delante dejar claro que la campaña antisindical viene de lejos y tiene un sentido único: preparar el terreno para el desmantelamiento de los sindicatos, paso previo para la desregulación masiva de los derechos laborales y las privatizaciones de partes importantes del sector público. Y que los recursos, económicos y humanos, de que disponen los sindicatos son medios para poder cumplir nuestra función representativa y de defensa de los trabajadores. Quienes quieren sindicatos sin recursos lo que quieren es trabajadores sin herramientas útiles de defensa. Dicho esto debo aclararle que en el reciente proceso de negociación el tema de los recursos sindicales se trató marginalmente y a iniciativa de dos de los sindicatos firmantes. Nuestra prioridad en esa negociación fue la total reversión de las medidas que perjudican y dañan a los empleados públicos, y quien afirme lo contrario miente conscientemente de que lo hace.
    Respecto de la respuesta a las agresiones procedentes del gobierno central, recordaré que convocamos dos huelgas una de la función pública y otra general del conjunto de los sectores productivos. Y que ambas convocatorias estuvieron precedidas y seguidas de diversas movilizaciones e incontables asambleas informativas. Otra cosa es la débil respuesta que en nuestra región dieron los empleados públicos en ambas convocatorias huelguísticas.
    La Huelga General ha acabado dando sus frutos, porque la lucha siempre paga, y el gobierno central ha vuelto al diálogo social, ha anulado alguno de los elementos más problemáticos de la reforma laboral y ha abierto el diálogo sobre el resto, y en el ámbito de la función pública se ha comprometido a recuperar en la Mesa General el Acuerdo de Empleados Públicos de septiembre de 2009.

    ¿Tras esta pobre respuesta a las huelgas de junio y septiembre esperaban Vds. lo ocurrido con la LEM?

    El escaso seguimiento de estas convocatorias entre los empleados públicos de la Comunidad ha sido sin duda uno de los elementos que llevaron al gobierno regional a pensar que podían aplicar como lo hicieron la LME: prescindiendo de la negociación, a las bravas y sin pararse en barras. La respuesta airada, contundente y masiva de los empleados públicos no se la esperaban de ninguna de las maneras. Y ciertamente, también nos sorprendieron a los sindicatos. Pero la convocatoria y la organización para dar cauce a la indignación estaban dispuestos y hemos sabido canalizar el movimiento por las vías de la participación activa (asambleas) y la información permanente y continua.
    Todos hemos aprendido, empleados y sindicatos, de lo sucedido en estos dos meses: siempre es mejor responder que resignarse. Sería bueno que el gobierno también hubiera aprendido alguna lección y sacado las pertinentes conclusiones.

    Para terminar ¿qué puede decirme de la polémica de los últimos días sobre las oposiciones para maestro?.

    En primer lugar que CCOO es partidaria de que haya oposiciones para el cuerpo de maestros pero también en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Hemos rechazado la decisión del gobierno regional de congelar las convocatorias de 2011 porque lo consideramos injusto, innecesario y porque es una medida dirigida a preparar el terreno al recorte de plantillas.
    El gobierno regional hace una lectura interesada y restrictiva de la Ley de Presupuestos del Estado que busca responsabilizar al gobierno central de lo que es una medida suya, en definitiva pretenden hacer política anti Zapatero sobre los derechos y aspiraciones de los interinos y del resto de opositores
    En nuestra opinión el límite del 30% de la tasa de reposición, que carece de sentido, únicamente limita la oferta respecto de las plazas generadas por jubilaciones. Todas las demás plazas ocupadas por interinos en vacantes podrían ofertase en oposiciones sin entrar en conflicto con la Ley de Presupuestos.
    Respecto de las oposiciones del cuerpo de maestros estamos convencidos, y así lo hemos dicho públicamente, que podrían convocarse más de 700 plazas (la convocatoria de cerca de 3.800 por Andalucía así lo avala). El consejero Sotoca no quiere convocarlas porque ello le supondría una dificultada añadida para el recorte de las plantillas docentes que van a hacer en septiembre.

     

     

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