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  • 20
    Junio
    2016

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    Valencia Comunitat

    ¿No quieres diputaciones?, pues toma mancomunidades

    El presidente Puig se ha descolgado ahora con que quiere potenciar las mancomunidades, por aquello de la supuesta necesidad de reconocer desde la Administración pública la importancia de las comarcas en la sociedad valenciana. Para ello, pretende darles más competencias en detrimento de las que tienen las diputaciones, es decir, más dinero público. Pero no dice que las instituciones comarcales vayan a sustituir a las provinciales. Cuando las diputaciones están más cuestionadas que nunca, no aboga por su eliminación, sino que pretende aprovechar la coyuntura para rescatar a las mancomunidades, en lo que parece ser más una maniobra para modificar las estructuras de poder institucional y político, ideada desde una perspectiva partidista, que una medida destinada a favorecer el bien común de la ciudadanía.

    El cuestionamiento social de las diputaciones viene siendo expresado en las protestas por el partidismo, el nepotismo y la corrupción en estas instituciones desfasadas. Un fenómeno reforzado por escándalos como los surgidos en la Diputación de Valencia, con el caso Rus o el caso Imelsa. Y a ello se añade la inconveniencia administrativa y económica del solapamiento o duplicación de competencias de otras instituciones como la Generalitat. Sin embargo, ni siquiera los partidos, como el del propio Puig, que propugnaban la eliminación de las diputaciones se han decidido a ponerles fin cuando han tenido oportunidad. Demasiados intereses inconfesables, quizás, en juego. Y ahora nos salen con que quieren sacar de su letargo a las mancomunidades, también cuestionadas desde hace tiempo, casi por los mismos motivos que las diputaciones.

    La necesidad de la agrupación de municipios para ofrecer servicios a la ciudadanía de una forma más eficaz y eficiente es el argumento básico utilizado por el Gobierno valenciano para justificar su inusitado interés por las mancomunidades. Es lógico, pero la historia de algunas de estas entidades parece contradecir tal principio. No hay más que repasar los fracasos en este sentido de la Mancomunitat de l'Horta Sud, por poner un ejemplo. Y es que, sobre el papel, está muy bien todo ese discurso de la comarcalización y la vertebración del territorio, aderezado con consideraciones de identidad histórica y cultural, pero la realidad suele corresponderse cada vez menos con estas nostálgicas elucubraciones. Véase, si no, el caso de la comarca de L'Horta, fagocitada por la capital y convertida en su área metropolitana.

    Tal vez se esté incurriendo en un anacronismo y en una contradicción. Lo primero porque seguramente las mencionadas instituciones, tanto comarcales como provinciales, no sirven en la época actual y, por lo tanto, habría que suprimirlas todas. Y lo segundo, porque las necesidades de la ciudadanía, según se dice mucho últimamente, sobre todo por parte de algunos partidos, están primero que las instituciones. Si es así, en vez de hacer leyes de comarcalización y crear más burocracia, habrá que fomentar y apoyar la iniciativa y la participación ciudadanas para habilitar la solución más adecuada en cada municipio, comarca o territorio con fórmulas innovadoras. Además, seguro que habrá casos en los que lo mejor no será unir municipios y ayuntamientos en un nuevo organismo supramunicipal, sino fusionarlos en un solo municipio y ayuntamiento.

     

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