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Víctor Almonacid Lamelas

Secretario de Ayuntamiento (a mucha honra). Jurista docente, ponente, y escritor (que no “escribiente”). Deportista. Semiexperto en algunas cosas (Derecho público, gestión municipal, administración electrónica…) y aprendiz de todo lo demás. Analista sociopolítico independiente.

Sobre este blog de Nacional

Este es un espacio web donde regularmente comentamos nuestras impresiones sobre Derecho, política, economía, Administración, sociedad, cultura y deporte, siempre desde el punto de vista constructivo de los que tenemos la buena voluntad (con más o menos acierto) de mejorar las cosas. TW @nuevadmon


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  • 25
    Junio
    2012

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    La nueva democracia: municipal, a través de la participación económica y tecnológica

    El ciudadano (también llamado súbdito, administrado, contribuyente, interesado, vecino…) suele estar en «la otra parte» de la relación jurídico-administrativa. Antaño era la parte débil de dicha relación, objeto de la potestas del Estado, si bien hoy día se erige en sujeto de un amplio catálogo de derechos, los cuales además conoce. Este nuevo ciudadano se presenta en la actualidad como un «ciudadano del mundo», integrado plenamente en el mismo y en la era de las telecomunicaciones, y por ello demanda, legítimamente, más y mejores servicios a la Administración, la cual, desde el punto de vista del principio de subsidiariedad-proximidad, va a ser casi siempre la Administración Local.

    Más hace tiempo que la simple participación electoral en los procesos cuatrienales dejó de ser suficiente para la satisfacción de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. El ciudadano de la sociedad del conocimiento, plenamente informado y usuario de las TIC, precisa más bien de un nuevo Estado social y tecnológico de Derecho, en el que la palabra “tecnológico” sustituye a “democrático”, queriendo en realidad decir lo mismo pero en una fase más evolucionada.

    Los derechos electrónicos de los ciudadanos se recogen principal, pero no exclusivamente, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la cual sin duda va mucho más allá que la clásica Ley 30/92, sin dejar de reconocer que la Ley que este año cumple dos décadas fue en su momento un soplo de aire fresco adelantado a su tiempo.

    Volviendo a la Administración Local, se puede observar en su normativa específica la indudable relación entre democracia y tecnología, pues ya varios años antes que la citada ley de 2007, la reforma de la Ley de Régimen Local producida en 2003 estableció, por un lado, la necesidad de aprobación por parte de todos los municipios de un Reglamento Orgánico en materia de participación ciudadana, y por otro la obligación de los Ayuntamientos de impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Todo ello sin perjuicio de los medios de participación tradicionales, previstos en el ordenamiento jurídico, pero poco utilizados en la práctica: consulta popular, iniciativa popular (similares al referéndum y a la iniciativa legislativa respectivamente), participación en consejos sectoriales…

    El principio de legitimidad democrática, la coyuntura económica, y la crisis institucional, demandan más que nunca la reactivación de todos estos mecanismos, y también de alguno nuevo que podríamos denominar “oficioso” (sin cobertura directa en la norma, salvo que así lo estableciese el Reglamento o Carta de participación ciudadana, lo cual por cierto aconsejamos):

    - Buzón electrónico de quejas y sugerencias, con rápidos plazos de contestación.

    - Participación institucional en las redes sociales (facebook, twitter, linkedin…): interacción real en tiempo real y entre personas reales.

    - Presupuestos participativos, una verdadera herramienta de democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o incluso tomar decisiones referentes a los presupuestos municipales, lo cual equivale nada menos que a la coparticipación en la formulación de las políticas públicas, pues en esto consiste la previsión y ejecución del presupuesto de gastos.

    Tras escuchar la voz del ciudadano, la Administración debe formular, a través de sus órganos, las estrategias de actuación, las cuales en el momento actual no pueden ser sino legales, austeras, eficientes, transparentes, tecnológicas y sostenibles. En consecuencia tienen poco encaje la burocracia, la corrupción, la politización de las instituciones, el despilfarro de recursos, el clientelismo y el urbanismo desaforado. No es esto lo que necesita el sistema, y tampoco lo que el ciudadano quiere, y lo sabemos porque ya lo ha expresado en la calle y en las redes sociales. Las redes sociales han hecho caer regímenes dictatoriales en este mismo siglo XXI, así que no despreciemos su enorme potencial, sobre todo porque la tendencia va in crescendo.

    Puede haber resistencias políticas a alguna de estas demandas, ya que, por ejemplo, el propio urbanismo financia a los partidos (y eso sin entrar en delitos relacionados con la corrupción, especialmente el cohecho). Por otra parte, la politización de las instituciones genera desconfianza ciudadana, pero políticamente sigue siendo rentable. Actualmente el principio de división de poderes es poco más que una bonita teoría revolucionaria de Rousseau y Montesquieu. El ejecutivo y el legislativo hace tiempo que están fusionados, mientras que el judicial da abundantes muestras de no ser del todo independiente. Esto debe cambiar. Si de paso se objetivizan sensiblemente los medios de comunicación desde luego el escenario mejoraría.

    Habrá, pues, resistencias políticas, pero si las instituciones y los propios políticos se quieren relegitimar deberían desmarcarse del modelo de antaño de “reparto del pastel”, y deberían asimismo renunciar a la política los que defiendan intereses particulares y no el interés general, dejando paso a buenos gestores con verdadera vocación de servicio público. In fine, defendemos un sistema electoral de listas abiertas (para todos los procesos electorales: Estado, CCAA y EELL), y la superación, por favor, de una vez por todas, de la dicotomía izquierda y derecha, rojos y azules.

     

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