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Antonio Ruiz Cano

Ex-Directivo de Empresas Públicas. Licenciado en Derecho y Graduado Social. Procuro ser objetivo en mis apreciaciones y fundamentar mis afirmaciones,con datos preexistentes, a ser posible contrastados.

Sobre este blog de Nacional

Reflexionar desde otra perspectiva y quizás diferente visión sobre los acontecimientos que nos afectan a los valencianos en todos los aspectos.


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  • 20
    Octubre
    2010

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    Desinformación sobre las huelgas de Metro y EMT.

    Me asombra enormemente la desinformación que, aún hoy, existe después de casi un año de negociación de los Convenios Colectivos de estas empresas y todavía me sorprende más que algunos usuarios de estos medios de transporte (metro-tranvía y autobuses) se permitan dudar acerca de la justificación de estas huelgas, que inexorablemente está costando su salario a los trabajadores que las secundan.

    Realmente creo que en estos conflictos hay muchas cosas “injustificadas” y no me refiero a las huelgas en si mismas, que obviamente causan muchas incomodidades y retrasos a los clientes de estos medios de transporte, sino a los interminables periodos de negociaciones y también a las medidas que se tratan de implementar o de consolidar, eludiendo las deliberaciones consustanciales a la negociación colectiva y aplicando la Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat, trasunto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no sólo en la letra y espíritu de ésta, sino también en la innecesaria regulación salarial que afecta al personal de las empresas públicas, que dependiendo de su estatus jurídico, ya sean Entidad de Derecho Público o Sociedad Mercantil, resultan afectados de diferente manera por las medidas racionalizadoras (dirían los empresarios) o de recorte (en román paladino) de los haberes de los trabajadores de estas empresas.

    También parece “injustificada” que las exclusiones realizadas en los Presupuestos Generales del Estado para no afectar con estas medidas a los trabajadores de otras empresas asimismo públicas del mismo entorno a nivel del Estado, no se haya trasfundido a la Ley autonómica de Presupuestos.

    En relación con la “desinformación de los usuarios” podría extenderme, pero quizá lo más práctico es sintetizar alguna idea que les permita vislumbrar la realidad, pues al margen de los graciosos avisos al público de la HUELGA, en los que parece que la empresa unilateralmente ha decidido recortar los servicios de trenes sin causa alguna, es importante destacar que en EMT, la HUELGA, aunque tenga otros motivos, si que pretende mantener al menos el servicio de autobuses que se venía realizando hasta ahora y que, como consecuencia de la no renovación de contratos de los conductores, se eliminan asimismo los autobuses que éstos conducían ¿entendido?.

    Todo es opinable, pero me parece un craso error suponer como apunta el presidente de Avacu, en el artículo publicado en Levante-EMV, del pasado 19 de Octubre de 2010, sobre estos conflictos, que una Ley podrá regular pormenorizadamente las causas motivadoras de las huelgas, sus justificaciones, repercusiones y como no los servicios mínimos esenciales, cuya asignación se decretan hoy por Resolución de la administración de trabajo del ámbito territorial a que afecta el conflicto y que, en muchos casos, desincentivan la realización de la huelga por los desmesurados servicios mínimos esenciales, que consecuentemente minimizan los efectos sobre la sociedad y su repercusión sobre los dirigentes que la provocan en infinidad de ocasiones.

    Disiento claramente del Sr. presidente de Avacu, en cuanto a la oportunidad aducida para la realización de estas huelgas, pues entiendo que ningún momento es bueno para llevarlas a cabo, siempre perjudica y en mayor medida a los que pierden sus salarios, y que incluso pueden perder sus empleos y que, indudablemente, no es el caso expuesto por el Sr. Móner, porque si admitimos que por llegar tarde a su puesto de trabajo alguien puede perder su empleo, estaríamos asistiendo a la mayor anarquía posible en el terreno laboral a la que se está contribuyendo, sin duda, deslegitimando “injustificadamente” las actuaciones sindicales, en este y otros campos.

    Otro aspecto que tampoco comprendo ni comparto es el auto-ofrecimiento para mediar de Avacu, porque si bien es cierto que los intereses de los usuarios es algo muy importante, que pudiera entrar en su ámbito competencial, resulta incuestionable el conocimiento, experiencia y autoridad en este terreno de los Servicios de Mediación de Conflictos Colectivos y del Tribunal de Arbitraje Laboral, que sin lugar a dudas pueden resolver con mayor solvencia estos asuntos de su especialidad.

    Al margen de estas consideraciones estoy totalmente convencido que estos conflictos no hubieran surgido si se hubiera actuado limitando o eliminando los gastos superfluos de dónde corresponde, es decir reduciendo esas superestructuras de directivos/as que ahogan las disponibilidades presupuestarias para quien tiene que ejercer realmente las labores de los servicios al ciudadano, para que además se lleven a cabo con la eficiencia y calidad debidas.

     

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