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Antonio Ruiz Cano

Ex-Directivo de Empresas Públicas. Licenciado en Derecho y Graduado Social. Procuro ser objetivo en mis apreciaciones y fundamentar mis afirmaciones,con datos preexistentes, a ser posible contrastados.

Sobre este blog de Nacional

Reflexionar desde otra perspectiva y quizás diferente visión sobre los acontecimientos que nos afectan a los valencianos en todos los aspectos.


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  • 19
    Mayo
    2013

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    EN EL PAÍS DE LOS CIEGOS.............

     Hace algún tiempo leí en un periódico 'Nacional' (afín a los Populares), que Alberto Ruiz Gallardón era el ministro mejor valorado del Gobierno Rajoy (espero que no repita nunca más)  y me preguntaba, al igual que supongo que lo harían miles de españoles, qué méritos se le pudieron atribuir para distinguirle después de conocer las retrogradas y sucesivas propuestas que está realizando desde el Ministerio de Justicia.

    Sin embargo, al analizar más sosegadamente esta valoración, comprendí que era lógica la consideración de 'mejor' a este señor, teniendo en cuenta la penosa opinión que merece el resto de los miembros del Consejo de Ministros, entre cuyos componentes destaca Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad  que ha sido el peor valorado en la Comunidad Económica Europea. Hoy resulta complicado señalar cuál es el peor valorado por los españoles ¿Wert? ¿Bañez? ¿Montoro? ¿Mato?.

    Desconozco cómo se ha efectuado el sondeo de opinión que otorga a Ruiz-Gallardón ese plus sobre sus colegas, pues ciertamente me resulta difícilisimo asignar alguna puntuación positiva a este Ministro por el cúmulo de despropósitos que ha generado desde su primera propuesta legislativa, pues en general todos los proyectos han supuesto claramente un retroceso general en todos los órdenes e incluso dislates increíbles, como, p.e. su iniciativa para la asignación de competencias en materia de separación y divorcios a los Notarios.

    En general las mal llamadas reformas suponen un grave retroceso y cuando no, por ejemplo en el orden penal, una creación ad hoc de carácter electoral, para dar satisfacción a un oportunista clamor populista y electoralista para supuestamente dar respuesta a problemas que recientemente se han manifestado con mayor virulencia y que necesitaban definir y señalar el 'propiciatorio chivo expiatorio' que cargue con todas las culpas; así, en las catástrofes incendiarias, se carga sobre el demente que ha prendido la mecha y quemado el monte la culpabilidad absoluta del desastre, cuando realmente sólo ha sido el instrumento que lo ha provocado, sin tener en cuenta que, en todos los casos, ha  precisado del 'colaborador necesario', es decir de quienes por 'omisión de su deber', los responsables políticos, les correspondería asumir su parte de culpa (no exclusivamente política) y que aún después de esta reforma resultan inimputables penalmente.

    Por otra parte, las modificaciones legislativas, tienen además por objeto provocar un efecto disuasorio, caso de la implantación de tasas, para que se planteen menos litigios, como si esta fuera la fórmula adecuada para descongestionar los juzgados al impedir que los que adolecen de menos medios económicos puedan recurrir a la administración de justicia en defensa de sus pretendidos derechos, cuando realmente debería haberse acometido una reforma en profundidad para que los medios informáticos faciliten la labor judicial, para que los procesos en general sean más ágiles, eliminándose las cargas que lastran juicios menores como los de faltas,  pues como todos sabemos la lentitud en la resolución de los conflictos jurídicos es la principal causa de injusticia.

    Las tasas indudablemente producen por si mismas multitud de agravios e injusticias provocando mayor desequilibrio entre personas de distinto poder económico, pero además puede dejar impunes los desacatos de la administración que cuenta ya ahora con intrincados y dilatados procesos que sólo favorecen a los infractores de la ley, entre los que muchas veces se halla hasta la propia administración de justicia.

    El afán desmedido por hacernos regresar al pasado, basado exclusivamente en motivos ideológicos se vislumbra también en el proyecto de ley sobre el aborto, en el que se revisa nuevamente la aplicación del aborto eugenésico (caso del feto con malformaciones) y la eliminación de plazos que facultan actualmente para llevar a cabo esta práctica, hoy legal.

    Además la praxis de determinadas leyes está revelando sus déficits y reclamando su pronta modificación, ya que ha quedado suficientemente probado en su aplicación continuada que se deben establecer más garantías, caso de la Ley del Jurado Popular, para posibilitar el ejercicio real de la administración de justicia por personas legas en derecho, que necesariamente deberían tener un nivel educacional y de formación adecuado, porque de lo contrario nos podemos encontrar, como en el caso Camps, una resolución que inducía irremediablemente a pensar que los miembros intervinientes no estaban capacitados

     Pero por si todo esto fuera insuficiente, para deducir el valor real de Gallardón en este ejecutivo de la nación, éste, últimamente realizó otras manifestaciones, más propias de un charlatán sin escrúpulos que de un representante del gobierno, pues incluso ha contravenido la promesa electoral sostenida inicialmente de que el gobierno de los jueces, es decir el Consejo General del Poder Judicial fuera elegido por los jueces, para ahora defender su elección por las Cortes.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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