Blog 
Reflexions - Reflexiones
RSS - Blog de Antonio Ruiz Cano

El autor

Blog Reflexions - Reflexiones - Antonio Ruiz Cano

Antonio Ruiz Cano

Ex-Directivo de Empresas Públicas. Licenciado en Derecho y Graduado Social. Procuro ser objetivo en mis apreciaciones y fundamentar mis afirmaciones,con datos preexistentes, a ser posible contrastados.

Sobre este blog de Nacional

Reflexionar desde otra perspectiva y quizás diferente visión sobre los acontecimientos que nos afectan a los valencianos en todos los aspectos.


Archivo

  • 14
    Enero
    2014

    Comenta

    Comparte

    Twitea

    LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978

     A nadie se le escapa que nunca antes de esta legislatura se había hablado tanto y desde posiciones políticas tan dispares del tema con el que se encabeza este artículo, tampoco parece casual que esta reiterada demanda se produzca cuando nos gobierna un ejecutivo llamémosle 'conservador', encastillado en el más absoluto inmovilismo respecto de esta materia.

    Las voces que más insistentemente abogan por la reforma constitucional y muy en particular por la modificación del Título VIII de la Constitución, relativo a la Organización  Territorial del Estado, son los partidos de izquierdas, principalmente PSOE y PSC, con el objeto de cohonestar dentro de la actual Carta Magna las reivindicaciones soberanistas de los partidos nacionalistas.

    Sin embargo ésta no es la única reforma que se anhela desde la generalidad de partidos de izquierdas, esencialmente republicanos, pues desean un cambio radical de Título II, sobre la Corona y en consecuencia las referencias a ambas cuestiones del Título Preliminar. aunque sólo una formación (Izquierda Unida) lo  propugna y proclama públicamente como objetivo inmediato.

    Estas reformas que en principio parecen muy ambiciosas, en mi opinión sólo son una porción importante de los cambios necesarios, pero no la totalidad, ya que la vigencia de esta Ley de Leyes, con el devenir del tiempo, la configuración de nuestras cámaras legislativas, las últimas modificaciones de las normas básicas para la sociedad y la convivencia, así como la escasa repercusión de las iniciativas populares, nos han desvelado que el texto constitucional no es que se haya quedado obsoleto, sino que no sirve ni sirvió jamás como pacto de convivencia para todos los españoles y actualmente menos.

    Ciertamente la reforma de la Constitución no es un proceso sencillo y el proyecto exige en su trámite parlamentario superar una mayoría cualificada de los 2/3 ó 3/5 del Congreso y también del Senado, lo cual significa que se precisa consensuar los cambios necesarios entre los partidos mayoritarios en las Cortes Generales, como sucedió en el verano de 2011, cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, acordó con el Partido Popular la modificación del Art. 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda, no obstante no se consiguió pactar la reforma impulsada por el PSOE para la sucesión de la Corona, en la que hasta el Monarca se mostró proclive, ante la inactividad del PP.

    Dada la estabilidad que debe predicarse de la Constitución, parecen acertadas las cautelas previstas en los Arts. 167, 168 y 169, que impide que cualquier partido que eventual o circunstancialmente pueda gobernar con una representación parlamentaria equivalente a la mayoría absoluta, pueda modificar totalmente la Constitución o los preceptos contenidos en el Título Preliminar y II y la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, por las mayorías cualificadas que se precisan, obligando a consensuar  los cambios necesarios, para actualizarla, con una panoplia variadísima del arco parlamentario (derechas, izquierdas, nacionalistas e indefinidos, como UPyD o Ciutadans).

    Estos requisitos, entiendo que deberían extenderse a la regulación específica de los derechos contenidos en la Secc. 1ª del Capítulo II del Título I, para evitar que normas que deben ser estables y permanecer en el tiempo y para todos los españoles sufran reformas sucesivas dependiendo de quienes gobiernen,  como la Ley Wert, en la que pretextando la mejora de la calidad de la enseñanza ha introducido cambios de carácter ideológico o la Ley de Tasas Judiciales que dificulta gravemente la tutela efectiva de los jueces también proclamada en los citados Sección, Capítulo y Título, por la elevación generalizada de las tasas, en perjuicio de los más desfavorecidos.

    Es más, considero que además de los derechos referidos en los preceptos enumerados y para que la Constitución sea en realidad el marco de convivencia que deseamos otorgarnos, sería necesario extender y exigir algunas de las repetidas mayorías cualificadas, para la promulgación de otras normas y para llevar a cabo las acciones de gobierno que representen la hipoteca de presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuando éstas excedan el ámbito temporal del mandato conseguido en la urnas.

    Más escandalosos que los compromisos a largo plazo son, entre otras, la venta del patrimonio nacional y sobre todo las liberalidades de algunos gobiernos para donar inmuebles o terrenos a la Iglesia Católica, como hizo el Gobierno de Camps. Todo esto requeriría también similares cautelas a la establecida en la reforma del Art. 135 o la exigencia  ineludible  de un consenso amplísimo.

    Por todo esto parece imprescindible modificar nuestra Constitución y los Estatutos Autonómicos, de forma que no se continúe restringiendo, incluso por la vía de la legalidad los derechos de los españoles, haciendo inoperantes los principios constitucionales,  y también, para evitar que se pueda esquilmar el patrimonio de la nación, por el gobernante de turno.

    Por otra parte, bien entendido cual es el sistema legislativo español y el protagonismo exclusivista de las Cortes en este aspecto, parece que en las circunstancias actuales es imprescindible, dada la repercusión que han conseguido algunas plataformas ciudadanas, como la de Afectados por las Hipotecas, ante las injusticias provocadas por los poderes públicos y los abusos de los poderes facticos, que los mecanismos para validar sus propuestas, cumpliendo las reglas formales establecidas, o incrementando los requisitos al efecto, que se pueda conseguir, en el futuro,  una traslación más eficiente y eficaz ante los órganos legislativos y, obviamente si estas peticiones son abrumadoras que puedan transponerse al sistema legislativo.

    Así pues, a mi entender sería muy recomendable un cambio en profundidad de la Constitución, ya que la actual redacción se ha revelado anacrónica y no da respuesta a las demandas de democracia real, tampoco establece las salvaguardias y garantías efectivas para los verdaderos soberanos de la nación que son los españoles, ni exige la diligencia y trasparencia debidas a las instituciones; no impidiendo, por otra parte, la actuación arbitraria, desmesurada, partidaria y desleal con la ciudadanía.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Compartir en Twitter
    Compartir en Facebook