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Antonio Ruiz Cano

Ex-Directivo de Empresas Públicas. Licenciado en Derecho y Graduado Social. Procuro ser objetivo en mis apreciaciones y fundamentar mis afirmaciones,con datos preexistentes, a ser posible contrastados.

Sobre este blog de Nacional

Reflexionar desde otra perspectiva y quizás diferente visión sobre los acontecimientos que nos afectan a los valencianos en todos los aspectos.


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  • 21
    Mayo
    2012

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    POCO DE FIAR

     De día en día compruebo que es mayor el número de españoles, de todos los estatus y condición, que se muestran más indefensos e inseguros desde que nos gobierna el Partido Popular, ya que si no es poca la inquietud que nos provocan las restricciones dictadas por este ejecutivo, que semana tras semana hunden más a la clase trabajadora y a los pensionistas, también nos produce una inmensa incertidumbre y ansiedad las repercusiones que se derivan de los retrocesos sociales que paulatinamente van laminando los logros alcanzados en los últimos setenta años y que de ninguna manera, siendo abominables tales actuaciones, producen los efectos de mejora que preconizaban y que ansiábamos todos.

    Sinceramente entiendo que no sería correcto que criticara lo que denominan ”reestructuración”, que enuncia este Gobierno, si los recortes ya públicos y conocidos sólo me afectaran a mí y a los que estuvieran en las mismas circunstancias, pero considero que puedo ser objetivo y honesto ya que de lo contrario hubiera sido tan indigno como la Iglesia Católica que de todas las reformas se ha preocupado exclusivamente de las cuestiones que afectan a sus creencias o conveniencias “ideológico-religiosas”, como  exigir la omisión de la homofobia del texto de Educación de la Ciudadanía, sin profundizar en sus múltiples “efóbilos” y mucho menos de la situación en la que quedan los más desfavorecidos, ya que así, al parecer, se hace más necesaria “su caridad retribuida”

    Por otra parte pudiera parecer egoísta si no quisiera renunciar a una importante parte de los beneficios sociales que disfruto o de la entidad de los mismos, si como consecuencia de “estos sacrificios temporales”, requeridos a los más necesitados, la nación no pudiera remontar esta situación de crisis, pero, por lo que deduzco, este problema no es tan simple. Primero, porque, en mi opinión, no debería cargarse sobre las economías más débiles la superación de esta crisis; en segundo término, porque se ha constatado que no es necesario, al menos en algunas materias, derogar la mayoría de derechos; en tercer lugar, porque se puede fácilmente constatar que además de racionalizar los gastos de las instituciones sólo en las partidas que afectan a los funcionarios, empleados y administrados, en absoluto se han reducido en las que dan cobertura económica a los representantes políticos, sus asesores y gastos complementarios; por último porque, si no todas, casi todas las medidas se revelan como determinantes y justificadoras para entregar al capital  privado los importantes negocios de la sanidad, la educación, los transportes y un largo etcétera.

    En concreto, para cambiar la deriva imperante, se va a imbuir a los escolares, según ha trascendido en la reforma de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, aparte del cambio de nombre por Educación Cívica y Constitucional, el papel de la libre iniciativa y de la empresa privada como motor social. ¿vamos encaminados?.

    En relación con los puntos primero y segundo resulta esclarecedor que se han elevado los impuestos de los trabajadores y los pensionistas, normando asimismo una entelequia, sin efecto, para los autónomos, sin grabar o aumentar, sin embargo, las grandes fortunas, los rendimientos de las Sicav, impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, etc. etc.

    Con respecto al punto tercero, a nadie se le escapa, porque se ha difundido profusamente, que la clase política no se ha ajustado su cinturón en absoluto y que incluso, en algunos ayuntamientos los ediles, de común acuerdo, se han incrementado sus haberes ostensiblemente.

    En cuanto al último punto y objetivo finalista de estos gobernantes, es decir la entrega de las empresas públicas, sanidad, educación, etc. al capital privado, es un tema que no solo se banaliza por el ejecutivo y las asociaciones empresariales, haciendo comparaciones insidiosas de los costes de los servicios públicos y del teórico derroche, asegurando que la empresa privada podría hacerlo de forma más económica, relativizando algo tan importante como es la cantidad o cobertura del servicio, y  su calidad o excelencia. Elucidario, en este asunto, es la ponencia defendida por el Sr. Cotino, en el reciente congreso del PPCV., en el que ha promovido lo que llama “Sociedad del Bienestar”, en lugar del Estado de Bienestar, clamando por un mayor protagonismo de las empresas privadas y de las familias en la gestión de la res pública.

    Sobre este particular, me ha impactado comprobar cómo celebres personajes del mundo de la sanidad, como el emérito Dr. Mir Pallardó o el Dr. Cavadas se han apresurado a manifestar en prensa lo que ellos entienden como un despilfarro, no en la administración de las medicinas (regulada informáticamente) o en la desorganización de los servicios sanitarios (dirigidos por los profesionales del ramo), sino achacando a los pacientes el consumo excesivo de medicamentos (imposible actualmente) o la falta de dedicación del personal médico y auxiliar (totalmente falso). Esto “casualmente”, se ha producido cuando el Partido Popular ha invitado a sus afiliados a explicar o justificar los recortes.

    De todas formas y vistas las reacciones a la “refundación del estado”, los engaños sufridos por los votantes, la desconfianza generalizada en todas las instituciones, arrancando incluso desde la corona, el poder judicial, los cortijos autonómicos, etc. etc., resulta totalmente lógico que no se fíen del gobierno de este  país ni Europa, ni los mercados, ni las consultoras que clasifican la deuda soberana, ni las bolsas españolas, ni las empresas y que esa desconfianza se extienda a los países en los que las empresas españolas generan beneficios para los accionistas de las mismas, obviamente no para la generalidad de los españoles.

    Para concluir me da la impresión que gran parte de la culpa de esta desconfianza que se ha generado la provocó el despotismo y arrogancia con las que ha actuado este gobierno que se jactó de hacer una reforma laboral excesivamente dura (así lo confirmó el FMI), que mintió descaradamente sobre las previsiones y postulados que debía defender este gobierno y, que además ha pretendido por la tremenda el fijar condiciones a Europa y evitar la nacionalización de empresas españolas en el extranjero, ignorando las más elementales reglas de la diplomacia. ¡¡Así cómo se van a fiar de este gobierno que ha engañado a sus propios votantes!!

     

     

     

     

     

     

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