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Antonio Ruiz Cano

Ex-Directivo de Empresas Públicas. Licenciado en Derecho y Graduado Social. Procuro ser objetivo en mis apreciaciones y fundamentar mis afirmaciones,con datos preexistentes, a ser posible contrastados.

Sobre este blog de Nacional

Reflexionar desde otra perspectiva y quizás diferente visión sobre los acontecimientos que nos afectan a los valencianos en todos los aspectos.


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  • 12
    Diciembre
    2012

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    QUIMÉRICO E INEXPLICABLE ERE EN FGV

     Realmente no me sorprende que se haya presentado este ERE, porque es la fórmula que ha adoptado el Partido Popular en todas las empresas públicas, según manifiestan, para tratar de resolver el déficit público y considero que no debería ser el procedimiento a utilizar por muchas razones, entre otras porque resulta incomprensible que les sea aplicada principalmente el derecho privado para unas cuestiones, según reza el estatuto del Ente y que en otros aspectos se soslaye u obvie en lo tocante a las responsabilidades de sus directivos.

    En relación con este último extremo, me parece correcta la destitución de la Gerente, Marisa Gracia y no me atrevería a decir que era la medida pertinente, también por multitud de cuestiones, ya que a pesar de que algunas desafortunadas actuaciones que se han difundido en prensa (no todas) la han señalado como culpable, nunca se podrá vislumbrar quién o quiénes han sido los que han provocado o influido en la desastrosa gestión llevada a cabo en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana durante la etapa en la que ha sido dirigida por esta señora. ¿Habrá exigencia de responsabilidades políticas, en defecto de otras, para los que han llevado a la empresa a esta situación? Esta es una vía inexplorada y que debió contemplarse en la reciente remodelación del Gobierno Valenciano, pero que se ha obviado a la vista del mantenimiento de la Sra. Bonig en la misma Conselleria.

    Efectivamente, éste y muchos de los problemas e injusticias existentes o de anomía absoluta son los que tenían que haber constituido la agenda del actual Ministro de Justicia, pero como bien sabemos y sufrimos se ha centrado en procurar que exista mayor distanciamiento entre las personas pudientes y los desfavorecidos económicamente.

    Con el título de este artículo quería reflejar diferentes aspectos, pues parece lógico que si efectivamente es aplicable el ordenamiento jurídico privado para los trabajadores ¿por qué no para la liquidación de deudas mediante un concurso de acreedores? ¿porqué no destituir al Consejo de Administración que ha permitido que ejercicio tras ejercicio esta empresa estuviera más endeudada y no realizara en el tempo adecuado las inversiones precisas? Ya lo sé, esto es algo ilusorio y no regulado; no obstante con estas premisas hubiera sido radicalmente diferente la situación actual de FGV, y, al propio tiempo, la Consellera de Infraestructuras,  el Director General de Transportes, los Consejeros de la Empresa, a los que les cabe la culpa "in vigilando", o la Sra. Gerente hubiesen sabido que sus erróneas o caprichosas decisiones les podrían haber repercutido negativamente, y hoy, la Sra. Bonig no aparecería siempre tan sonriente (como en un plano fijo), sin justificación, a menos que aún se esté congratulando del gran éxito de haber suprimido a los representantes sindicales en el Consejo de Administración, los cuales no suponían costo alguno para la Empresa. ¿Sería para que no pudieran ver la debacle que se avecinaba?¿o formaba parte de la estrategia del Partido Popular para arrinconar a los Sindicatos?.

    En cuanto a la financiación de la Empresa, existen algunas sombras que son difícilmente explicables, como por ejemplo la ausencia, omisión o rechazo de los Contratos-Programas con el Estado que hubieran permitido afrontar con mayor solvencia los gastos de explotación y que, en definitiva hubiese permitido mantener un índice de cobertura más digno que los alcanzados en los últimos años.

    Quizá aquellos que siempre han achacado la pésima gestión de la Empresa exclusivamente a la Gerente, puedan pensar que, una vez erradicado este factor determinante de la crisis en FGV  ya no es necesario efectuar ningún cambio en la misma, pero esto tampoco es así, pues en estos últimos nueve años y, aparentemente, por voluntad de Marisa Gracia se incorporaron a la empresa un importante número de "presuntos profesionales", cuyos méritos se desconocen, y que duplicaron actividades o para los que les fueron creadas misiones  innecesarias.

    Resulta asimismo sorprendente que con la gran cohorte de agradecidos colaboradores contratados "supuestamente por su Gracia", así como las Consultorías que coexisten con el funcionamiento de algunos departamentos de la Empresa, se haya necesitado además de otras dos Consultoras para determinar dónde están los excedentes de la empresa y qué medidas o medios técnicos son necesarios implementar para poder efectuar el servicio residual (después de los recortes). A mi entender, también resultan poco creíbles, discutibles o insuficientes, en sí mismas, las medidas técnicas decididas, según la documentación entregada a la representación de los trabajadores, pudiendo afectar a la seguridad de las personas e instalaciones.

    Otros datos que invitan a la reflexión y que hacen inverosímil los planteamientos de este ERE son los concernientes a la ampliación de la red, construcción de nuevas instalaciones y la adquisición de nuevas unidades de trenes que actualmente ya son una realidad y que, a tenor de los planteamientos de la Empresa, no se pondrán en funcionamiento, permitiendo de esta forma su degradación y deterioro y, por otra parte, si se materializara el expediente y con él la resolución del despido de personal ya formado profesionalmente, se desperdiciaría la inversión en este capital humano que ya no requeriría formación para ocupar los puestos de trabajo necesarios en las inminentes ampliaciones de la red (aunque estás se pospongan algún tiempo).

    Destaca sobremanera que desde que se iniciaron los estudios de este ERE, en las publicaciones de prensa que han abordado este tema, siempre se hayan referido a baja o despido de trabajadores, evitando cuidadosamente ni insinuar otro tipo de solución, como las reducciones de jornada o de salarios, que son las que, en teoría posibilitaba la reforma del Estatuto del Trabajador y que cínicamente han estado defendiendo y reiterando todos los portavoces del Ejecutivo Nacional. Por descontado que yo, particularmente, no soy partidario de ninguna de estas soluciones, ni siquiera de la ejecución de cualquier expediente que afecte exclusivamente a los trabajadores y que, tal como he citado, estimo totalmente inapropiado.

    Para finalizar quiero significar que estas razones que no agotan todas las que concurren en este asunto, deberían servir para cambiar el obcecado, contumaz y unificado planteamiento de la Generalitat respecto a las empresas públicas, pues ciertamente pienso que en este caso el ERE no es el instrumento adecuado, salvo que lo único que se busque, siguiendo consignas de las altas instancias del ejecutivo nacional, sea el colapso total de esta España nuestra, para erigirse a posteriori en sus salvadores y así justificar la entrega o cesión del patrimonio de todos los españoles a la empresa privada.

     

     

     

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