Escuela pública y estado del bienestar

Los gobernantes del PP han cargado contra el Estado del Bienestar como si este fuera el responsable de la crisis que padecemos. Los recortes más radicales se dirigen a los servicios públicos, a los funcionarios, trabajadores públicos que permiten el funcionamiento del sistema y el servicio a los ciudadanos más allá de los cambios en el color político de los gobiernos. Sin embargo, se ha potenciado de forma interesada una imagen negativa del «funcionariado» como una clase que tiene privilegios del que carecen la mayoría de ciudadanos.
Los recortes que afectan a la educación tienen dos frentes vinculados. Uno se dirige a la calidad de los centros. El segundo es la precariedad en el trabajo. Todo ello, nos llevará a una escuela en la que será difícil de mantener un proyecto educativo. Estos recortes deterioran la escuela como servicio público, nos ponen obstáculos para realizar con dignidad nuestra tarea, perjudican la calidad de la educación que recibe el alumnado, atacan al principio de equidad educativa, defraudan a las familias. Y además incrementan el paro.
Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? En nuestra opinión, la movilización debe encaminarse a promover medidas que cumplan estos criterios. Uno, unidad: que impliquen a la comunidad educativa, el alumnado y sus familias resultan tan damnificados como nosotros. Dos, sostenibles en el tiempo: realistas y asumibles por la mayoría. Tres, pedagógicas: que contrarresten la imagen negativa del «funcionario» mostrando que somos trabajadores imprescindibles para sostener el Estado del Bienestar. Que pongan de manifiesto, que los recortes que nos afectan no son en privilegios sino en derechos, y que repercuten negativamente sobre la escuela. Que informen de las tareas educativas que realizamos además del horario lectivo. Cuatro, claridad: dirigidas contra la administración educativa y los gobiernos que la sustentan y nunca contra otros sectores. Que no confundan a los ciudadanos encubriendo a los verdaderos responsables. Cinco, positivas: que no rebajen la calidad de la educación ni perjudiquen al alumnado. Para ello ya está la Administración. No lo hagamos nosotros, no somos como ellos. En definitiva, que sean capaces de transformar la indignación en una oportunidad de revitalizar la educación pública. Enriqueta García, Aguas-Vivas Catalá. La Pobla Llarga.