Muy mal lo debió pasar José Vicente González en su infancia para valorar tan mal a aquellos maestros que le enseñaron, a los médicos que velaron por su salud, a los que le inscribieron en los registros oficiales, a quienes protegieron su bienes. El escándalo es que el señor González, en su faceta de presidente de la Cierval, tenga cobertura para su confederación de sólo 428.189 euros por cuotas y plantee un gasto de 1.153.839 euros, de los que 490.000 corresponden a personal. Es enemigo del empleo público, pero como decía no del dinero público en forma de los 725.650 euros que espera recibir de los impuestos de todos los ciudadanos en este año 2012, o del 1.235.069 de euros que recibió el año pasado. Por no hablar de la reclamación al Consell que hace por valor de 25.000.000, sí 25 millones de euros también de dinero público. Quizá por ello quiere que haya menos leyes, que por cierto no son los funcionarios quienes las hacen, y así se puede medrar mejor.

No son los funcionarios ni los profesionales públicos los que están imputados por delitos de corrupción, ni por sobornos, por malversación, apropiación indebida o por trafico de influencias. Está fotografiado más veces en compañía de los últimos que de los primeros. Nadie está en contra de la agilidad en la Administración, ni de la eficacia ni de profesionalidad. Y ya cansa y cabrea que toda la culpa se la lleve la misma parte.