La responsabilidad de la grave crisis política que está barriendo España por culpa del desafío catalán no se encuentra en Cataluña sino en Madrid „sede del Gobierno de la nación española„ que desde el año 1980 en que Jordi Pujol llegó al poder ha estado plegándose a las egoístas exigencias de los sucesivos gobiernos catalanes que gracias a una injusta Ley Electoral „todavía vigente„ les ha permitido mantener una sustanciosa influencia política en Madrid para ir avanzando paso a paso en su quimera independentista.

Pero en todo este recorrido han habido dos puntos de inflexión importantes que han acelerado el proceso: el primero, el más decisivo, fue en noviembre de 2003 cuando el irresponsable Zapatero, entonces secretario general del PSOE, prometió solemnemente apoyar la reforma del Estatuto que aprobara el Parlamento catalán, como así sucedió. Y el segundo ha sido la deplorable gestión de los dos gobiernos de Mariano Rajoy que con su tozudo inmovilismo no ha tenido la valentía de tomar ni una sola iniciativa para frenar el atropello catalán, con sus reiterados incumplimientos de las Sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional, la celebración del pasado referéndum, por no hablar del enorme déficit fiscal con el que año tras año Cataluña sigue desafiando al Gobierno central.

Y en este momento, ante la avalancha diaria de provocaciones de los políticos catalanes, culminada con la firma del decreto para las elecciones autonómicas (plebiscitarias) del próximo 27 de septiembre, el PP solo sabe ponerse de perfil, apelar al «sentido común» de los airados independentistas y decir que ante todo se hará cumplir la Ley. ¿Y por qué la van a cumplir ahora si llevan años y años jactándose de ella? Pablo Domingo Vela. Valencia.