17 de octubre de 2015
17.10.2015

Desenterrando nuevos bandos

17.10.2015 | 04:15

 El pasado jueves en la mesa de les Corts Valencianes se expusieron los siguientes puntos en cuanto a la regulación de prácticas de universidades privadas en centros públicos: limitación del número de alumnos (hecho que se está llevando a cabo desde el inicio de la titulación de medicina en la Universidad Católica), priorización en el alumnado de universidades públicas (ningún alumno de la universidad pública se ha visto privado de algún tipo de práctica por este motivo) y fijación de un precio a las universidades privadas por la realización de dichas prácticas (cosa que lleva proponiendo la propia universidad privada desde hace años).

Entonces, si todo esto se está llevando a cabo en la actualidad, la cuestión se reduce a: ¿qué se aprobó realmente en las Corts? El jueves no se contempló la definición de plaza docente, ni si quiera de los factores que evalúan la capacidad de estudiantes que son capaces de abarcar los hospitales de la Generalitat. Únicamente se habló de una incompatibilidad entre "privada y pública" sin dar muchas explicaciones y que, además, dista mucho de la realidad, al menos de la que yo vivo como estudiante. He ido como alumna a un centro de salud público y he sido testigo de cómo los estudiantes de la pública no quieren ir allí (seguramente tengan hospitales públicos de los que disfrutar mucho más cerca y con mejores prestaciones).

Por otro lado, al contemplar en la proposición «siendo subsidiario el alumnado de las privadas», ya sólo por la terminología empleada, se está promoviendo la diferenciación entre alumnos de primera categoría y alumnos de segunda que parecen ser, estos segundos, un grupo de jóvenes ambiciosos, competitivos, sin vocación que se pasan más de 10 años estudiando con la única finalidad de acabar comprándose un yate. Y esto, para variar, vuelve a distar de la realidad: muchos de mis compañeros trabajan para pagarse los estudios y resulta que es más económico estudiar en la privada si eres valenciano que irse a estudiar medicina a otra comunidad y pagar la matrícula y el alojamiento.
Pero es que, me paro a pensarlo y esto parece propio de un gobierno excluyente, no parece ser propio de un gobierno que presume de ejecutar políticas para todos, porque ese «para todos» tiene muchas lagunas. ¿Qué pasa con «el para todos» en cuanto a oportunidades? Rosario Martí. Valencia

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