Con la venia escribo esta carta para llamar la atención de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sobre la falta de puntualidad en el pago de los honorarios de letrados de turno de oficio. Supongo que los políticos, cobran su nómina a final de mes pero nosotros trabajamos por trimestres. Al final de cada uno justificamos ante la Consellería todo el trabajo realizado. Aún después de eso la Generalitat suele tardar otros tres meses como mínimo en pagar nuestros honorarios. Quiere decir eso que desde que realizamos nuestro trabajo hasta que cobramos pueden pasar de 3 a 6 meses, con el agravante de que todos los gastos que conlleva nuestra actividad como abogados corren de nuestra cuenta: fotocopias, desplazamientos, mantenimiento de los despachos, etcétera. Pero lo que ya es insoportable es que ni siquiera podemos contar con seguridad con ese cobro el día 1 del séptimo mes, porque la Generalitat suele retrasarse a veces aún más en el pago. Cobran con puntualidad los jueces, los fiscales, los oficiales de juzgado. ¿Por qué no cobran puntualmente los abogados de oficio?
Por otra parte, el turno de oficio actual dista mucho de lo que fue en sus orígenes. No se trata ya de un favor que los abogados bien avenidos hacemos a los más pobres de defenderles gratuitamente. Ahora la mayoría de los letrados adscritos al turno de oficio vamos justos de dinero y asumimos toda una serie de obligaciones que nos vienen impuestas por las leyes que ustedes crean, y que van desde asumir la defensa de quien nos asignan sin derecho a renunciar, hasta las guardias que nos suponen estar localizables y disponibles las 24 horas, no pocas veces en fines de semana. El turno de oficio se ha convertido en un auténtico trabajo con obligaciones parecidas a las que tiene un trabajador por cuenta ajena, y que hasta posee su propio régimen disciplinario. Pero por el contrario con las responsabilidades que asumen los empresarios o profesionales y todo ello para sacar un mal sueldo.
Ustedes que tienen por bandera la defensa de los mas humildes y desprotegidos, aquellos a los que nosotros defendemos ante los tribunales, beneficiarios de la justicia gratuita por resoluciones que dicta la propia Generalitat Valenciana, deberían ser coherentes y darse cuenta que detrás de cada abogado de oficio hay una familia que tiene que comer y llegar a fin de mes. Carlos Colomer. Valencia.
