07 de marzo de 2016
07.03.2016

El pacto y las diputaciones

07.03.2016 | 04:15

Lo primero que llama la atención del observador político, es el desparpajo con que se han lanzado estos dos partidos, absolutamente minoritarios, por ahora, para derogar cualquier ley, y mucho menos una institución constitucional, como son las diputaciones provinciales. Mucho más, si se tiene en cuenta que al menos el PSOE no ha hecho gala durante la campaña, en absoluto, de pretender tal fin, lo que supone, de suyo, una contradicción flagrante con lo propuesto a la ciudadanía. Se podría decir, que mal empezamos de nuevo, a pesar de tanta promesa de cumplimiento del programa y de transparencia y seriedad con lo que se promete en campaña. Se dirá que para suscribir un pacto, es necesario ceder, cierto; pero no hasta sacarse de la chistera una sorpresa como ésta, de la que no se ha hecho el menor alarde durante la intensa campaña electoral.

Efectivamente, no se debe olvidar, que las diputaciones forman parte del entramado básico constitucional municipal, y para sustituirlas por un consejo de alcaldes, como se dice en el pacto, en realidad, lo que se está reconociendo es que sí son necesarias, puesto que actualmente, son eso, un consejo de alcaldes y concejales elegidos democráticamente en los municipios que comprenden la provincia, desvirtuado por la intervención de los partidos, eso sí. Por tanto, no se entiende a qué se juega. O no son necesarias y entonces hay que terminar con su existencia, sin más; o sí lo son, y en ese caso, lo que habría que hacer, como con el resto de instituciones, y desde luego, mucho más con las autonomías, especialmente, con la valenciana; es reconducirlas de manera que sea imposible que éstas se conviertan en un patio de Monipodio y de despilfarro desatado, que ha llevado a esta comunidad a la quiebra.

Que se cometan abusos, nada tiene que ver con las instituciones, sino con quienes las dirigen; y con la falta de controles eficientes, que impidan actuaciones desviadas de su cometido, para que sólo pueda dirigirse al interés general.

Por otro lado, no he visto un estudio mínimamente serio que valore cuánto se ahorraría el Estado con la supresión de las diputaciones; especialmente, porque nadie dice cuánto costaría montar el servicio que actualmente prestan a todos los municipios, aunque sean los más pequeños los que necesiten más de su apoyo. Observen, si no, en cuantos municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes existen por doquier anuncios de obras y servicios prestados por la diputación respectiva, en un tiempo en el que la comunidad autónoma está bloqueada por su vergonzosa situación de quiebra.

Con las diputaciones, de lo que se trata es de respetar y potenciar, la autonomía de los municipios, y el municipalismo político; además de prestarles toda clase de ayuda, con objetividad y sin partidismos insoportables. ¿Y quién mejor, teóricamente, que los propios alcaldes y concejales de la provincia para cumplir estos fines, dentro del ámbito de la administración municipal? ¡Elecciones ya!

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