La otra tarde vi un despliegue policial en mi barrio poniendo sanciones a coches y llamando a la grúa. Al día siguiente entendí porqué con la noticia de que la concesionaria Pavaparck Movilidad reclama 1,5 millones de compensación al Ayuntamiento por el «brusco» descenso en los enganches. Espero que cunda el ejemplo de la denegación de esa compensación por parte del consistorio y se defiendan los derechos del ciudadano que cumple con sus deberes tributarios para tener una representación ciudadana limpia y honesta.

Esta noticia pone los pelos de punta pues solo podemos pensar que esto es un negocio más y no un servicio público pese a lo 48.281 coches retirados en un año y las 189.142 multas impuestas. Deberían pensar si al ciudadano le son rentables los servicios que recibe de políticos y empleados públicos por los impuestos que pagamos, pues también podríamos pensar que son excesivos los medios para los servicios prestados. Este tipo de servicio intencionado, termina por no cumplir con su deber y nos encontramos con que cuando se llama no acuden porque dicen que están acostumbrados a que cuando llegan el coche desaparece. Enrique Fernández Iniesta. Valencia.