Estamos más que sorprendidos con la postura sectaria del presidente Ximo Puig y del conseller de Educación Vicente Marzá, de querer reforzar la educación estatal en detrimento de los centros de iniciativa privada. Para el nuevo gobierno progresista sólo tiene legitimidad lo público, lo que ellos pueden controlar y gestionar directamente. Ese apoyo a lo público se está traduciendo en el cierre de unidades concertadas, en la denegación de becas y también de prácticas para aquellos centros educativos que surgieron bajo la aprobación de las familias. Unas familias que tienen el derecho primigenio sobre la educación de sus hijos, certeza que los progresistas rechazan, dando prioridad a la tribu, a la comuna, a las instituciones públicas que, según ellos, tienen la primacía, la ciencia y la legitimidad de los votos.

Nuestro conseller de Educación quiere pasar a la historia como un defensor a ultranza de lo público, de lo auténtico y genuino. Por eso me gustaría saber por qué la inmensa mayoría de los maestros de la pública hacen un uso exclusivo de la sanidad privada. Sí, por qué tienen un seguro médico privado cuando también podrían hacer uso de la sanidad pública. Sí, por qué, pudiendo elegir, los maestros se decantan por lo privado y no por lo público. Más aún, señor Marzá, me gustaría saber dónde va usted cuando enferma, si al consultorio de su pueblo o a esa clínica de una mutua privada. ¿Y el presidente Puig y la señora Oltra? Hay que predicar con el ejemplo y no imponer una demagogia sectaria que elimina derechos fundamentales. Sus razones quedan en entredicho por su falta de coherencia. Jesús Asensi Vendrell. Algemesí.