Ayer se publicó en Levante-EMV esta noticia: «El Consell caza a 600 defraudadores y les exige el pago de 720.000 euros por herencias y compraventas». En ella se indica, literalmente, que la Consellería de Hacienda indica que «los técnicos del departamento de Gestión Tributaria del Instituto Valenciano de la Administración Tributaria (IVAT) han empezado a cruzar datos con las oficinas notariales de la Comunitat Valenciana a partir de ese trimestre debido a que a los cuatro años prescriben estos delitos fiscales, de modo que «eran la prioridad».
Pues bien, desde mayo de 2016 no existe ningún técnico en el Departamento de Gestión Tributaria del IVAT, ni uno solo, dado que todos fueron cesados antes del pasado 1 de junio. Además, por un lado el IVAT estuvo técnicamente inoperativo desde que supuestamente entró en funcionamiento el 1 de enero de 2016 hasta marzo; y, por otro, las acciones que llevaron los directivos del IVAT para cesar a estos técnicos fueron enormemente conflictivas, teniendo que realizar éstos su trabajo en los meses previos en condiciones insoportables y denigrantes, que han sido objeto de numerosas quejas y denuncias.
¿Cómo se puede mentir tan descaradamente afirmando que se está haciendo un trabajo, cuando la realidad es que nadie lo está haciendo? Invito a este medio a que pregunte a la Consellería de Hacienda cuántos técnicos de Gestión Tributaria había en plantilla trabajando el pasado 1 de enero, cuántos a 3 de junio (cuando se cesó al último de ellos) y cuántos en estos momentos. Tres sencillas preguntas con tres sencillas respuestas: 37, 0 y 0. Mª Ángeles Sánchez Silvestre. Valencia.
