29 de noviembre de 2016

¿Un marco autonómico de inversiones del Mediterráneo?

29.11.2016 | 04:15
¿Un marco autonómico de inversiones del Mediterráneo?

Me gustaría responder a la invitación lanzada días atrás desde este diario por el president de Les Corts, Enric Morera, para difundir alguna reflexión sobre la importancia estratégica que los parlamentos autonómicos podrían tener en el fortalecimiento de las opciones de futuro del corredor mediterráneo y en un adecuado desarrollo de nuestro potencial económico e industrial. En ella se efectuaba un llamamiento a la sociedad civil para aportar ideas que poder compartir en el marco de la cumbre de parlamentos regionales en Varese (Lombardia) en la reunión de la Calre, organismo que integra todas las asambleas legislativas más próximas a la ciudadania.

¿Sería posible que las comunidades autónomas del corredor mediterráneo español „Andalucía, Cataluña, Murcia, Aragón y la Comunitat Valenciana„ disfrutasen de un mismo sistema de gobernanza económica y coordinasen sus capacidades normativas para la captación de inversión y el desarrollo de otros aspectos fundamentales para el corredor? Aparentemente, sí. Si en todos los parlamentos autonómicos del Mediterráneo ya existe un consenso unánime de todos sus grupos políticos con representación, ¿no sería razonable que todos esos parlamentos pudiesen trabajar sobre un mismo memorándum legislativo para crear un corpus normativo homogéneo basado en decisiones legislativas de similar contenido?

Desde luego, muchas circunstancias harían aconsejable ese tipo de coordinación legislativa entre regiones mediterráneas. La clarificación coordinada de las prioridades de inversión y de las reglas del juego empresarial en el desarrollo de proyectos, nos situaría en una primera línea del interés preferencial de las inversiones internacionales, tan necesarias para el adecuado desarrollo de nuestro corredor. Y mientras que, por un lado, la colaboración de los gobiernos centrales en ese proceso sería enteramente prescindible, por otro no se vería alterada en nada una estricta observancia de nuestra Constitución.

Con el paso de los años y la persistente insensibilidad de determinadas estructuras de la decisión estatal respecto a los problemas y los desafíos de las regiones periféricas, se ha ido haciendo cada vez más evidente la necesidad de generar innovaciones en la cooperación y en la gobernanza institucional que puedan suplir, al menos en el medio y largo plazo, las limitaciones del modelo territorial del Estado para abordar dichas disfunciones. Que las comunidades autónomas del Mediterráneo español pudiesen establecer, a través de sus parlamentos autonómicos, una concertación legislativa para abordar estratégicamente la conformación de un modelo normativo homogéneo enlazado a las prestaciones ferroviarias y logísticas del corredor mediterráneo, podría dar lugar a sinergias económicas y sociales de considerable alcance. Así como a una notable racionalización ambiental de todos los procesos del transporte.

Una aproximación regional colegislada al modelo económico, el establecimiento concertado de un único parque mediterráneo de suelo industrial, la aprobación de una misma regulación legal para las áreas empresariales del Mediterráneo, la unificación administrativa de los procedimientos que establecen la tramitación y las garantías jurídicas a la inversión internacional, las exigencias medioambientales de las actividades terciarias e industriales, las garantías de transparencia, los mecanismos contra la corrupción o la participación social en los procesos de toma de decisiones de alcance transmediterráneo. El campo competencial de esta clase de normación confluyente comprendería todo el conjunto de las atribuciones reservadas a la legislación autonómica, que no son pocas, ni de entidad menor.

Son solo unos pocos ejemplos de cómo, a coste cero, podrían adquirir valor legal algunos de los principales componentes de un consenso que se refleja ya en la madurez de las posiciones políticas, empresariales y cívicas de la mayor parte de nuestra sociedad. Generemos también innovación en la acción institucional. Demos paso a la noción de una sociedad civil del Mediterráneo. Voz y voto a los órganos parlamentarios que la representan. Trabajemos por una visión mediterránea desde la coordinación estratégica de nuestras legislaciones regionales y de la acción integrada de nuestros parlamentos, sin alterar las reglas del marco autonómico ni despotenciar nuestro sentido de la lealtad constitucional.

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