Los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han exigido al Congreso que legisle una prestación de ingresos mínimos, de 426 euros, que se prolongue mientras la persona carezca de empleo y recursos económicos, sea un derecho y no esté condicionada a la disponibilidad presupuestaria. La financiación de esta prestación sería vía presupuestos generales del Estado y mientras en Andalucía habría 766.476 beneficiarios, en la Comunidad Valenciana afectaría a 256.749 personas, en Madrid a 239.384 y en Cataluña a 196.447 personas. En total, un millón doscientas mil personas sin contar otras comunidades. Que esto lo digan las personas que tendrían que defender el trabajo, me parece una incongruencia sindical, ya que su cultura debería ser el trabajo. En este caso se habría demostrado que somos incapaces de dar empleo, pero sí estamos preparados para pagar sin hacer nada, por mucho que se llame protección social a los ciudadanos más vulnerables. En definitiva, todo ello es una falacia que el país no se puede permitir, pues todos no podemos ser políticos, sindicalistas, funcionarios o personas con ayuda social, pues con esa cultura no podremos pagar el endeudamiento en que estamos metidos hasta las cejas. Así que, señores sindicalistas, pidan puestos de trabajos, ya que representan a la clase obrera y déjense de hablar con palabras huecas como los políticos a no ser que pretendan hacer verdad el dicho popular, de que todo se pega menos la hermosura. Enrique Fernández Iniesta. Valencia
