Mañana 14 de abril se celebra el ochenta y seis aniversario de la proclamación de la Segunda República en España (1931). Es una fecha importante en el contexto del acervo histórico de nuestro país; un acervo, por lo demás, dilatado y prolijo. Pero la proclamación de referencia no puede ser considerada de mayor fuste o relevancia que otros episodios de nuestra historia más reciente. Por citar algunos hitos de ese pasado cercano, podemos destacar aquí el final de la Guerra Civil (el 1 de abril de 1939), las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista (el 15 de junio de 1977), el referéndum que ratificó la Constitución vigente (el 6 de diciembre de 1978), o la adhesión a la Comunidad Económica Europea -actual Unión Europea- (el 12 de junio de 1985).

En 2016, a lo largo y ancho de nuestra geografía, numerosos balcones y fachadas consistoriales lucieron durante varios días la bandera tricolor (rojo, amarillo y morado) que tradicionalmente ha representado a la república en España. En la Comunitat Valenciana fueron diecisiete los ayuntamientos que llevaron a cabo este tipo de homenaje o reivindicación. Es de esperar que este año ocurra algo parecido. ¿Se imaginan qué opinarían, o cómo reaccionarían, los promotores de estos abanderamientos tricolores si el día 1 de abril próximo los regidores de ayuntamientos de otro signo ondeasen sin recato ni pudor alguno la enseña rojigualda con el águila imperial y el lema «una, grande y libre»? Casi resulta más saludable hacer gasto de nuestra imaginación en empresas más edificantes.

Consideraciones legales aparte (que ya se encuentran suficientemente consagradas en nuestro ordenamiento jurídico), entiendo que este tipo de iniciativas no consigue sino mantener viva una dinámica frentista que debería haber quedado superada hace mucho tiempo. En cualquier caso, nuestros poderes públicos deberían dedicarse a la tarea fundamental que tienen encomendada, que no es otra que velar por el interés público (la res publica, que dirían los romanos), por el interés general (de los ciudadanos administrados), y dejar de hacer apología de cuestiones particulares que en nada benefician una convivencia pacífica y constructiva. Rodolfo Marqués Burguet. Alaquás.