Cuando la Conselleria de Educació decide eliminar algunas líneas de Bachillerato de la escuela concertada aplica un criterio común y uniforme en el uso de los recursos públicos. La cuestión sigue siendo la misma: privilegiar a una minoría frente a una mayoría, o distribuir equitativamente el dinero público. Podrán retorcer la interpretación de la libertad de enseñanza hasta límites insospechados, podrán argüir su supuesto derecho a educar en términos confesionales, podrán justificar el cobro de tasas ilegales para sus servicios complementarios y podrán intentar consolidar la privatización de un servicio público -el concierto- incluso cuando no sea necesario.
Pero lo que no estarán dispuestos a hacer estos colegios, incluso aunque se mantuviesen todas sus líneas, será a aceptar un 40 % de inmigrantes y de alumnos con necesidades educativas especiales, a dotarse de profesorado con criterios de transparencia e igualdad: una oposición; a dotar de libertad a sus trabajadores en todos los sentidos, así como a dejar de explotarlos asistiendo a múltiples actos no directamente educativos; a no asignar asignaturas para las cuales no están habilitados muchos docentes; a abrir sus cuentas y sus horarios reales mediante los cuales, ante la inoperancia tradicional de la Administración, se han lucrado con dinero público las empresas titulares; y a permitir realmente la libertad de elección de la religión al alumnado. ¿Se atreverán?
Néstor Banderas Navarro. València.
