He tenido la oportunidad de presenciar un hecho en el que la mediocridad de la justicia para el pueblo es un hecho, al menos en manos de determinados individuos. Ante un intento del fiscal de no celebrar una vista, se ha permitido, en lugar de hacerlo con buenas formas, intentarlo mediante la intimidación. Esta actitud, impropia de quien tiene el deber, la obligación, de impartir justicia con absoluta imparcialidad, ha quebrado la máxima de que la justicia es ciega y debe atenerse a hacer valer todos los medios a su alcance para detectar donde está la verdad y no a quitarse de enmedio el muerto porque esté cansada.

Y es jodido perder la confianza en quienes deben hacer que el ciudadano reciba justicia por haber sido vulnerados sus derechos. Lástima sería que nuestro sistema judicial llegara a prostituirse de tal forma que el delincuente ande libremente en tanto que la víctima sea vilipendiada y despreciada tras ser robada y saqueada por el Estado de Derecho.

Ha habido dinero para sanear bancos que han robado ; para compensar negocios fallidos de grandes empresas de tal manera que la cuenta de resultados del empresario no sufra, condenando contrariamente al pueblo a pagar los platos rotos por las malas prácticas de los gobiernos (como por ejemplo el caso almacén de gas Castor).

Y así un sinfín de castigos al contribuyente al que se le roba indiscriminadamente por los gobiernos de turno, como con el rescate de las autopistas o el despilfarro en aeropuertos que delincuentes tales como Carlos Fabra hicieron para mostrarle a su nieto «el aeropuerto del abuelito», si bien lo más legítimo es que ese nieto se avergüence del abuelito cuando tenga capacidad de entender y comprender como su abuelito ha sido un ladrón estafador que ha robado al pueblo. Antonio Giménez López. Torrent.