La huelga de las escuelas oficiales de idiomas ha de entenderse en el contexto de una escalada de recortes que no cesa. Los años negros de la mal llamada crisis supusieron un austericidio en educación que propició, en un entorno de desgaste por corrupción, un cambio de gobierno valenciano al que contribuyeron muchos docentes con un voto ilusionado. La nueva Administración prometía diálogo y transparencia en el marco de una recuperación de derechos perdidos, pero no ha sido así. ¿Qué diálogo y transparencia puede haber en una comunicación unilateral de cambio de condiciones en el funcionamiento del centro y en las condiciones laborales de los trabajadores cuando las matrículas y los horarios del curso 2017-18 ya estaban planificadas? Ni las cartas de repulsa, ni los intentos de negociación de las escuelas, ni el recurso interpuesto por STEPV en contra han conseguido llevar al conseller Marzá a la mesa del cacareado diálogo y transparencia.

Con el nuevo recorte, en el caso del departamento de inglés de la EOI de València, con una plantilla de 64 profesores, los coordinadores enfrentan con mayor carga lectiva (5 grupos de alumnos) la gestión de miles de exámenes de certificación, añadida a la actualización de las programaciones, homogeneización de criterios pedagógicos, confección de pruebas internas, coordinación de alumnos oficiales y libres, administración de materiales e instrucciones a lo largo del curso a los docentes, estandarización de protocolos en el conjunto orgánico de la comunidad educativa y atención al público en persona y a distancia. Ni siquiera era posible llegar bien a todo antes del tijeretzo del PP, cuánto menos a este recorte sobre recortes. En definitiva, la nueva administración parece querer decir de los profes que les apoyaron «los recorté porque eran míos». Ana Gómez. (Profesora de EOI) València.