11 de abril de 2018
11.04.2018

Una jugada mas política financiera

11.04.2018 | 04:15

La noticia de que Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre del almacén de gas Castor es para escribir un libro. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió que el coste de la indemnización a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7% por ACS– por el cierre de las instituciones fuera financiado por los consumidores de gas a través de su factura a lo largo de 30 años.

Doy las gracias al Tribunal Constitucional y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de canalizar la devolución de lo adelantado por los bancos, por obligar a cesar en el pago a los bancos a través de la factura del gas al entender que no existe un paraguas legal que lo ampare. Me pregunto por qué se indemnizó a Escal UGS, controlada por la compañía de Florentino Pérez, cuando él mismo negó en una entrevista televisiva que, pese a registrarse más de 500 alteraciones del terreno, «ee creó una alarma que no se corresponde con la realidad. No pasó nada. No hubo ningún temblor en ninguna casa». Ahora, el temblor se producía en la factura de gas de todas.

Conclusión: a la vista de que el Gobierno en este momento no tiene mayoría , las entidades que pensaron en ese momento en un gran negocio de un interés abusivo del 4,2 % durante 30 años temen no poder cobrar el acuerdo que hicieron las partes interesadas, como Enagás firmando un crédito sindicado con Caixabank, Bankia y Banco Santander. El coste final irá a parar a los operadores del sistema gasístico (Iberdrola, Gas Natural, BP, Petrobras...), que posteriormente se lo traspasará a las compañías comercializadoras (Iberdrola, Gas Natural, Endesa, Gas Comercializadora, EDP, Cepsa). Un acuerdo partidista que debería ser reclamado y abonado por las partes que en su momento cometieron un atropello a los ciudadanos. Enrique Fernández Iniesta. València.

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