Ramón Pardo, Castelló
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, eludió ayer responder en el pleno al portavoz de la oposición, Francesc Colomer, sobre las posibles irregularidades que pudiera haber en el detalle del kilometraje presentado por la diputada Popular Esther Pallardó, por los desplazamientos realizados entre Castelló y Burriana. Colomer pidió que se encargue la redacción de un informe jurídico para determinar si hay alguna irregularidad en la presentación de las dietas o gastos de desplazamiento. El presidente se limitó a responder que "le contestaré por escrito".
Colomer planteó sus dudas, surgidas al hilo de informaciones publicadas en este diario, sobre la correspondencia de los kilómetros presentados con la distancia real entre las dos localidades apuntadas, al tiempo que preguntó al presidente "si se ha producido alguna duplicidad por el uso del vehículo oficial y el particular. Así como si se ha comprobado que esto es así y si se ha pagado dos veces por lo mismo". De ahí que quiera saber si "se ha comprobado y se se han tomado o van a adoptar medidas correctoras y ¿cuáles?" Igualmente le preguntó acerca de los criterios que rigen en la institución para disponer del "coche oficial".
Concluido el pleno, Colomer recordó que aún está esperando las respuestas a sus preguntas del último pleno que Fabra dijo le contestaría por escrito. O la promesa de que en una semana iba a firmar el convenio con la Generalitat para incluir en el plan de instalaciones deportivas a los municipios que estaban en reserva. Otra pregunta que le formuló Colomer ayer y a la que Fabra volvió a remitirle a otro escrito.
La sesión plenaria de ayer permitió un avance para resolver la financiación de los proyectos de recuperación del entorno de los municipios afectados por el incendio de l'Alcalatén el pasado verano. Tras debatir una moción socialista que pedía a la diputación que instara al Consell a poner 3 millones como el Gobierno y que la diputación fuera garante, se aprobó, por consenso, un dictamen por el que se pide al Gobierno que amplie el plazo para pedir las ayudas, reclamar a la Generalitat que aporte su parte y que los ayuntamientos presenten sus proyectos. Y, para avanzar, Fabra recibirá a los alcaldes de la zona afectada que lo soliciten.
La enésima modificación presupuestaría de 345.000 euros propició un intercambio de acusaciones entre Fabra y Colomer sob re el sectarismo con que actuan las administraciones, favoreciendo a unos ayuntamientos en detrimento de otros. El caso es que Fabra atacó a Colomer poniendo ejemplos de cómo el Gobierno atendió a cuatro municipios socialistas. Ataque que coincidió con la defensa de la firma de convenios singulares en Ares y la Llosa, por un total de 93.000 euros.
