Sergi Pitarch, Castelló
La justicia dio ayer otro revés al urbanismo impulsado por el PP de Castelló y volvió a pedir al ayuntamiento que ejecute la sentencia que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2000 por privar a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones. Por ello, la oposición salió ayer en tromba y exigió al alcalde de Castelló, Alberto Fabra, a que acate el fallo para "no perjudicar más los intereses económicos de la ciudad debido a la inseguridad jurídica en la que queda el urbanismo local".
El portavoz del PSPV en el consistorio, Juan María Calles, destacó que la información publicada por Levante de Castelló que revela que el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado los recursos del consistorio y del Consell para conseguir la suspensión cautelar del cumplimiento de la resolución judicial constituye "un nuevo revés jurídico y un rotundo varapalo a los engaños con que el PP ha tratado de camuflar la anulación judicial del PGOU". El líder socialista arremetió contra el "pasotismo político del PP" y criticó "la tomadura de pelo del vicealcalde, Javier Moliner, diciendo que esto se arreglaba en tres meses".
Calles subrayó que "la decisión del TSJ supone un nuevo jaque al urbanismo de Castelló, la confirmación de un urbanismo errático y devastador, y deja en evidencia la estrategia absurda del alcalde", que pedía al tribunal que no obligara a anular el plan urbanístico a la espera del recurso que tanto la Conselleria de Infraestructuras como el consistorio han interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el portavoz del Bloc en el consistorio, Enric Nomdedéu, criticó la "huida hacia delante" del alcalde de Castelló por su "cobardía a reconocer la incompetencia técnica del urbanismo del PP de Castelló". Nomdedéu aseguró que en el sector empresarial hay mucha preocupación por la inseguridad jurídica y "la inanición que demuestra el alcalde".
El concejal nacionalista recordó que en Vila-real se están dando el doble de licencias de obra que en Castelló, "lo que demuestra el daño que está haciendo a la economía de la ciudad la mala planificación y gestión urbanística del alcalde". Algo que para Nomdedéu agudiza la crisis económica en la capital de la Plana.
Iniciativa del Poble Valencià hizo una lectura más concreta del nuevo revés urbanístico al PP de Castelló. Según el portavoz de los ecosocialistas en la capital de La Plana, Vicent Grau, la decisión de TSJCV desmonta toda la argumentación del PP para continuar con actuaciones como la de Mestrets o el Parque Ribalta. "Para el PP, el principal argumento para seguir con las obras del trolebús eran los recursos al Tribunal Supremo. Ahora que lo han tumbado, esta actuación se encuentra fuera de la ley", explicó Grau.
Grau recordó que el equipo de Gobierno de Castelló, en el que Alberto Fabra era concejal de Urbanismo, cambió en el PGOU de 2000 la calificación de la zona verde conocida como paseo central de Ribalta para convertirlo en un vial rodado sin que los ciudadanos pudieran alegar en su contra.