Fabra recurre para que no le procesen

Levante de Castelló, Castelló
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha presentado un recurso de nulidad, y subsidiario de reforma, contra el auto dictado por la juez de Nules que lo implica en una trama de falsificación de documentos y cuños del Ministerio de Agricultura. En su escrito, Fabra mantiene que no tiene nada que ver con los plaguicidas tóxicos que fabricó Naranjax y que salieron al mercado fuera de control.
El auto, dictado el lunes por María José Calvo, sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules, aprecia indicios de delito en la actuación del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra; su ex esposa, María de los Desamparados Fernández; el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax; y la ex esposa de éste, Montserrat Vives. Además, la juez amplía la lista de presuntos autores a Domingo Cadahía -ex subdirector adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura-; Manuel Martínez, ex propietario de una imprenta y comercial jubilado; y los ingenieros químicos de Naranjax Hami el Azouzi y Mohamed Chakir.
Ayer mismo, el TSJCV confirmó que Montserrat Vives también ha presentado un recurso de reforma contra la decisión de la juez. En su auto, Calvo da un plazo de 10 días a las partes y al fiscal anticorrupción para que se pronuncien sobre la apertura del juicio oral o el archivo del procedimiento, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de la Comunitat Valenciana. Esta resolución se interpreta en medios judiciales como el primer paso antes de sentar a Fabra en el banquillo de los acusados.
La causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Nules se inició para investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para comercializar plaguicidas procedentes de una empresa asiática, según las mismas fuentes. El plazo para presentar recursos se cerró ayer.
El auto de la juez da por concluida la investigación y concluye que Fabra medió supuestamente por al menos seis productos pesticidas fabricados por Naranjax con sustancias chinas "que no reunían los requisitos para su fabricación en España" y que fueron tramitados a través de la Subdelegación del Gobierno en Castelló.
Polémica reunión
Por otra parte, la diputada nacional del PSPV-PSOE por Castelló, Antonia García Valls, denunció ayer en un comunicado el "cinismo político" del PP en la provincia de Castelló por enviar una delegación encabezada por el senador Manuel Altava para reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, y con el juez decano, José Luis Conde Pumpido, "apenas unos días después de que el presidente del partido y de la Diputación, Carlos Fabra, y otros responsables institucionales del consistorio provincial y del propio ayuntamiento de Castellón arremetan sin piedad contra los jueces y fiscales acusándolos de adoptar medidas tendenciosas para desgastar al partido".
La diputada realizó estas declaraciones con motivo de la visita que realizaron ayer responsables populares de Castelló al presidente de la Audiencia y recordó lo "contradictorio" que resulta que "el PP se queje de la lentitud de la Justicia y cuando, después de cinco años, la juez apunta fecha para juicio, se quejen de la proximidad de las elecciones".
En este sentido, la diputada demandó al PP que "se arme de paciencia, porque son muchas las causas judiciales pendientes de sus dirigentes, entre ellas las imputaciones de Fabra, los siete años de cárcel que piden para el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, o las imputaciones del presidente de la Generalitat".
Además, el vicepresidente quinto de la Diputación de Castelló, Miguel Ángel Mulet, afirmó que pone "la mano en el fuego" por Carlos Fabra, de quien dijo es un "político honesto y el que más ha hecho por Castellón en toda su historia". Sobre si pondría la mano en el fuego por el vicepresidente Vicent Aparici, Mulet no se ha pronunciado.
Aparici está acusado por el Ministerio Fiscal por autorizar el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en La Vall que han puesto en grave riesgo la salud de las personas. El fiscal pide para él 7 años de cárcel.