L. Moreno, la Vall d'Uixó
El edil socialista en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, Manel Jorge, anunció ayer que el Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con él para comunicarle que todavía no han recibido el nuevo informe que solicitaron al ayuntamiento sobre la supuesta desmantelación de un asentamiento de dos familias rumanas. Jorge dijo que el Síndic ha vuelto a pedir su "remisión urgente".
En este sentido, el concejal señaló que la responsable de Interior, Elena Vicente-Ruiz, "afirmó en rueda de prensa el pasado 24 de marzo que el informe solicitado por el Defensor del Pueblo ya había sido remitido con fecha 28 de enero por lo que nos preguntamos quién dice la verdad, el Defensor del Pueblo, máxima institución en defensa de los derechos individuales de nuestro país o la concejala que ha estado escondiendo la información a la oposición durante un año y ahora se la está ocultando al Síndic".
Al edil socialista todo este asunto le parece "una broma cruel del PP de la Vall" puesto que, según sus palabras, la alcaldesa, Isabel Bonig, dio la orden en abril de 2008 de destrozar las viviendas precarias de dos familias de rumanos en la partida de Carmaday "sin importarle que a una de las mujeres le quedaran 15 días para dar a luz y, sin embargo, Bonig no ha contestado ni a la comparecencia ni al escrito que hemos efectuado en once meses". El concejal del PSPV denunció que ahora tampoco envía el informe solicitado a pesar de que ha pasado ya un año.