Fabra tiene otras dos causas abiertas en los juzgados

J. A., Castelló
Dos juzgados de Nules investigan el caso Fabra desde finales del año 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, presentó dos querellas en Nules contra el presidente del PP de Castelló, al que acusó de cobrar "comisiones millonarias" a cambio de presionar ante altos cargos del Gobierno de Aznar en favor de los productos fitosanitarios de Naranjax.
El Juzgado de Instrucción Número 2 está a punto de finalizar la instrucción de lo que se conoce como trama de los cuños falsos del caso Fabra, tras el escrito de acusación presentado ayer por el fiscal. Tan sólo resta que la juez se pronuncie sobre el recurso de reforma que ha interpuesto el líder del PP contra el auto de apertura de juicio oral.
Si María José Calvo desestima el escrito de Fabra, remitirá todo el expediente al decanato de la Ciudad de la Justicia de Castelló para su reparto en el juzgado que corresponda. Si considera las alegaciones del presidente del PP provincial, podría dar marcha atrás y archivar la causa, "una posibilidad muy remota a estas alturas del procedimiento", explican fuentes judiciales próximas al caso.
Paralelamente, el otro juzgado de Nules, el número 1, investiga a Fabra, Vilar, sus ex mujeres y seis ex altos cargos de los Gobiernos de Aznar para determinar si se cometieron delitos contra la Administración Pública -tráfico de influencias y cohecho-. Aquí se trata de determinar si Fabra medió ante altos cargos del Ministerio de Agricultura para favorecer a la empresa Naranjax en la adjudicación y venta de un largo listado de productos insecticidas agrícolas altamente tóxicos que salieron al mercado sin control y con documentación falsa. Este asunto va más despacio debido a los constantes cambios en la plantilla judicial, ya que en cinco años han tomado parte en la instrucción ocho juezas y cuatro fiscales.
En este mismo juzgado se investiga la querella que presentó en su día la Agencia Tributaria contra el líder provincial del PP después de que los inspectores detectaran un supuesto fraude fiscal de 600.000 euros en su declaración de la renta correspondiente al año 99. Estas diligencias están pendientes de una prueba crucial: el informe de los peritos de la Fiscalía Anticorrupción sobre los ingresos del presidente de la diputación en los últimos cinco años.