El fiscal pide 2 años de cárcel para Carlos Fabra por falsificar documentos y cuños de pesticidas

J. Antequera, Castelló
El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha pedido dos años de prisión y multa de 6.000 euros para el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por participar en la falsificación de cuños y documentos oficiales del Ministerio de Agricultura con el fin de lograr la aprobación de seis plaguicidas fabricados por Naranjax con sustancias ilegales importadas de China e India. El escrito de anticorrupción supone que Carlos Fabra se enfrenta por primera vez en cinco años de investigación judicial a una petición formal de penas de cárcel.
Fabra recibió la noticia de su nuevo varapalo judicial en Cabanes, donde estaba celebrando la festividad de Santa Rita junto a los funcionarios de la institución provincial. El presidente de Castelló aseguró que "se nota que estamos en elecciones" y que "la Fiscalía Anticorrupción es una institución jerarquizada que depende del Gobierno". Además, se quejó de que los medios de comunicación han tenido acceso a la petición del fiscal antes que las partes.
En su escrito, Pastor considera que los acusados -Vicente Vilar, gerente de Naranjax, su ex mujer Montserrat Vives, y Carlos Fabra-, "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada" para conseguir del Ministerio de Agricultura el "mayor número posible" de autorizaciones de productos plaguicidas para las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000, esta última administrada al 50% por Amparo Fernández, ex mujer del presidente de la Diputación, y por la ex esposa del industrial.
El representante del Ministerio Público pide la misma pena de 2 años de prisión para Vilar y su ex pareja, mientras que para Manuel Martínez Martí, comercial jubilado de una imprenta, solicita un año. A su vez, Pastor interesa el archivo de la causa para Amparo Fernández; Domingo Cadahía, ex director general de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura; y Mohamed Chakir, un químico de Naranjax. El fiscal cree que no "constan indicios de los que pueda desprenderse la participación de estas personas en los hechos relatados".
Fabra, su socio Vilar y Vives llevaron a cabo esta supuesta manipulación "simulando" informes técnicos e imitando documentos de laboratorios de India y China. Para dar una apariencia de autenticidad a los expedientes de las empresas asiáticas, los imputados llegaron incluso a fabricar sellos y cuños de caucho que, en un primer momento, "fueron proporcionados por el acusado Carlos Fabra Carreras para, posteriormente, ser proporcionados por el acusado Manuel Martínez Martí", según el ministerio público. Todas las solicitudes que se presentaban en las ventanillas del Gobierno central para su aprobación "fueron firmadas por la acusada Montserrat Vives".
En la elaboración de estos documentos intervino también Hamdi el Azouzi, empleado de Naranjax, que actualmente se halla en paradero desconocido. El fiscal solicita a la juez de Nules que se mantengan las órdenes de averiguación de paradero de esta persona y que se abra un proceso separado contra él.
Pastor hace constar además que los cuños y papeles presentados ante el Registro Fitosanitario por Comercial de Industrias Químicas Arcavi fueron falsificados hasta en seis expedientes distintos.
Con esta decisión, Pastor se suma al auto emitido hace una semana por María José Calvo, sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules, quien dio un impulso decisivo a la investigación del caso Fabra al convertir las diligencias previas en procedimiento abreviado, preparando de esta manera la apertura de juicio oral contra todos los imputados tras "apreciar indicios de delito".
El fiscal hace constar que Montserrat Vives, Carlos Fabra y Manuel Martínez Martí carecen de antecedentes penales, mientras que Vicente Vilar los posee por estar actualmente encarcelado por la violación de Vives, aunque "no son computables en la presente causa".
Para la Fiscalía Anticorrupción, Vilar, Vives y Fabra son autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial de los artículos 390.2º, 392 y 74 del Código Penal, mientras que Manuel Martínez lo sería del delito de fabricación o tenencia de útiles para cometer la falsificación.
De cara al juicio oral, Pastor pide el interrogatorio de los acusados y varias pruebas documentales. Además, reclama al Ministerio de Agricultura los seis expedientes de productos insecticidas supuestamente falsificados.
Los sustancias que Artemis 2000 sacó al mercado con documentación falsa estuvieron circulando por los campos del país durante dos años.
El Ministerio de Agricultura abrió una investigación en 2005 -dos años después de que Vilar destapara el escándalo con la presentación de dos querellas en Nules- y terminó prohibiéndolas en 2006 "por resultar peligrosas", tal y como informó Levante de Castelló en aquellas fechas.
La acusación de Anticorrupción coincide en sus argumentos con el auto dictado hace una semana por la juez de Nules. Según Calvo, existen indicios de que los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían participado en la falsificación de "análisis químicos, sellos y firmas de productos fitosanitarios" no autorizados en España.