El PSPV de Almassora reclama al alcalde los gastos en abogados

Levante de Castelló, Almassora
El PSPV de Almassora ha denunciado a través de un comunicado de prensa que el alcalde, el popular Vicent Casanova, no facilite, según los socialistas, las facturas de los abogados que asesoran en el proceso judicial por las expropiaciones de terrenos en la avenida Generalitat. El portavoz del PSPV, Santiago Agustí, asegura que Casanova "tiene miedo a que los vecinos conozcan cómo se despilfarra el dinero municipal" y que están "un año y tres meses" esperando las facturas, "desde el pasado día 25 de febrero de 2008, hasta el 18 de febrero de 2009, fecha en la que según el alcalde podíamos acceder a dicha documentación pero nada más se nos ha comunicado en referencia a dicha solicitud"
Agustí apunta que el alcalde "no sólo engañó a todos diciendo que desde el primer día hemos tenido acceso a dicha documentación, sino que sigue en una actitud entre infantil y prepotente". Desde el grupo municipal socialista afirman que las facturas "todavía no se han puesto a disposición del PSPV. Es más, en contestación al último escrito solicitando copia de dichas facturas, el munícipe reiteró que podemos consultar dicha documentación en el departamento de intervención".
A la vista del escrito del primer edil, "nos personamos en intervención pero no dijeron que nadie había comunicado absolutamente nada", añade Agustí. El portavoz del PSPV hace hincapié en que "desde nuestra primera solicitud han transcurrido un año y tres meses, tiempo más que suficiente para poder obtener dichas facturas, y estamos seguros que es el alcalde quién no quiere que sepamos cómo se ha malgastado el dinero de los contribuyentes en abogados que no han conseguido parar una ejecución de sentencia de la que el Casanova no quiere ni oír hablar".
18,5 millones
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat ha cifrado en 18,5 millones de euros la indemnización a pagar a los afectados por las expropiaciones en la avenida Generalitat. La cuantificación ha sido a razón de 735 euros por metro cuadrado de suelo urbanizable y 1.200 euros por metro de suelo urbano.