El Consell confía en el aeropuerto

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ La Generalitat valenciana no prevé modificar el contrato de concesión para la construcción y explotación del aeropuerto de Castellón, Costa Azahar, por causa de la crisis. Un punto que tampoco está previsto en el ordenamiento vigente como causa de modificación de contratos que tiene vigentes la administración.
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, se expresó de esta manera en una respuesta parlamentaria publicada en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV), consultado por Europa Press, en la que la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, pregunta por esta infraestructura.
Camps responde además que, en caso de plantearse un ajuste o modificación del contrato por otras razones diferentes a la crisis, "será objeto de estudio y análisis", de acuerdo con la legislación vigente. El conseller apunta que es precisamente "por encontrarnos en situación de crisis económica que nuestras inversiones suponen la mejora de sectores estratégicos y de servicios públicos, así como de infraestructuras que mejoren no sólo el tránsito de pasajeros sino también de mercancías". Además, "suponen una mejora de la Comunitat como potencia turística".
Por otro lado, preguntado por el dinero que lleva invertido la Generalitat en el proyecto desde el inicio de su tramitación, el conseller responde que el Gobierno valenciano "no tiene inversión directa" en la obra del aeropuerto, sino que concedió a la empresa que se encarga de su construcción un préstamo participativo por un importe de 44 millones.
Al respecto, añade que estos 44 millones suponen el 40% de la inversión en la infraestructura, de lo cuales se han satisfecho hasta ahora 37,2 millones. Además, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat ha efectuado aportaciones de capital a la sociedad pública titular del aeropuerto por un importe de 6.954.550 euros.
La portavoz de Compromís también pregunta si se vulnera la normativa europea referente a las ayudas de la administración a proyectos privados. En este sentido, Gerardo Camps contesta que "no hay vulneración de ningún tipo" respecto a la normativa comunitaria en materia de ayudas públicas.