´Parálisis´ urbanística con un PGOU anulado

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Juan María Calles, denunció ayer que la "parálisis" causada por la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2000 (PGOU) "está teniendo consecuencias graves para el desarrollo de Castelló".
A modo de ejemplo, Calles destacó que el concurso público para desarrollar un PAI de suelo terciario en la Unidad de Ejecución 10-UE-T, en la zona de la avenida Hermanos Bou, "ha quedado desierto" y que el ayuntamiento está siendo incapaz de vender suelo público para vivienda protegida. "Ningún empresario se atreve a invertir ante la inseguridad jurídica existente", advierte. Calles recordó que la Concejalía de Urbanismo rechazó en 2005 la alternativa urbanística presentada por dos mercantiles para desarrollar la 10-UE-T y decidió gestionarla de forma indirecta.
Sin embargo, cuatro años después "el caos urbanístico que está alentando el PP con sus decisiones erráticas y, sobre todo, con su empecinamiento en negar que el PGOU ha sido anulado por el Tribunal Supremo ha frustrado el interés para desarrollar este programa". Una comisión plenaria de Urbanismo dará cuenta hoy del "fracaso" en el desarrollo de la unidad de ejecución.
El portavoz del PSPV también destacó otras consecuencias de la crisis urbanística de Castelló. "El ayuntamiento se ha visto obligado a anular una operación para enajenar suelo público con destino a vivienda protegida. Es el caso del plan parcial de Censal. El PP sacó a la venta una parcela de 2.546 metros cuadrados y el concurso ha quedado desierto por falta de licitadores. La empresa que hubiera comprado el terreno no habría podido obtener licencia de construcción, al haberse suspendido las licencias de obras para acatar la sentencia anuladora del PGOU". De hecho, según Calles, las previsiones municipales en lo que respecta a la promoción de Vivienda de Protección Pública (VPP) "son inejecutables a estas alturas del año; el equipo de gobierno se comprometía a enajenar durante este año un total de 10 parcelas, con las que se pretendían construir 443 viviendas protegidas. ¿Pero quién va a pagar por un suelo en el que no se puede construir?".