NACHO MARTÍN CASTELLÓ
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT pedirán que el Foro Municipal de Inmigración y Convivencia aborde el supuesto fraude a 39 familias de inmigrantes residentes en Castelló a las que prometió un puesto de trabajo -que nunca llegó- con la condición de acudir al mitin electoral que celebró el Partido Popular el pasado martes 2 de junio en la plaza de toros de Valencia.
Ambas formaciones pedirán que se aproveche la próxima convocatoria del foro para clarificar e investigar los hechos destapados la semana pasada por el Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos.
La secretaria general de Comisiones Obreras, Encarna Barragán, advirtió ayer que este tipo de actitudes son reprobables: "De entrada hay cosas que no me parecen bien desde el punto de vista ético. Es reprobable. Si los hechos son tal como se han relatado, no me parece bien que se manipule a una población mucho más vulnerable a la que le cuesta encontrar trabajo y que alguien se aproveche de esa situación con determinado interés. Son hechos que no deben de producirse y deberá verse si hay responsabilidades y de quién".
Por su parte, el secretario general de UGT, Constantino Calero, anunció que su formación "solicitará que se clarifique qué pasó desde el punto de vista laboral de la oferta falsa de trabajo, al margen de otras consideraciones políticas, y si se confirma, pediremos que se adopten todas las medidas pertinentes desde el punto de vista jurídico y administrativo".
El Foro Municipal de Inmigración -diseñado discrecionalmente por el PP y con un sólo portavoz inmigrante entre su 38 miembros- incluye entidades como Comisiones Obreras, UGT, la Asociación Cultural Islámica o el Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo sobre mujeres inmigrantes de la Fundación Isonomía (integrado por colectivos de mujeres inmigrantes, personal de Cruz Roja, sindicatos, el Observatorio Permanente de la Inmigración de la UJI, el grupo EDATI, la Unidad de violencia de la Subdelegación del Gobierno...).
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (Asnepa) ha anunciado acciones legales de carácter penal contra el intermediario que supuestamente llevó al mitin del PP a 100 inmigrantes residentes en Castelló, Pablo Larrocha. Asnepa le acusa de un delito que acarrea hasta 5 años de prisión por "coaccionar y engañar" a extranjeros asociados del Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos (CIIL), colectivo que forma parte de Asnepa. Los letrados de la asociación basarán su denuncia en el artículo 312.2 del Código Penal.