El alcalde hipoteca hasta 2015 la la inversión local para pagar 18 millones en facturas sin contrato

NACHO MARTÍN CASTELLÓ El gobierno del Ayuntamiento de Castelló (Partido Popular) aprobó ayer -con la abstención de la oposición- un plan de saneamiento que hipoteca a la próxima corporación municipal que se incorpore tras las elecciones municipales de 2011 y restringirá la posibilidad de financiar inversiones para la ciudad hasta 2015.
Esta será la consecuencia de mayor recorrido de un Plan de Saneamiento Financiero que tiene como objetivo pagar 18 millones en facturas de años anteriores contraídas "a dedo" con los proveedores y sin el preceptivo contrato legal.
El gobierno local se acoge a las medidas urgentes contra la crisis económica habilitadas por el Ministerio de Economía, que permite un endeudamiento extraordinario para aquellos ayuntamientos que no pueden hacer frente a sus proveedores por falta de liquidez.
A cambio, el consistorio castellonense deberá aplicar bajo la supervisión del propio ministerio un saneamiento de cuentas que, según exponen los técnicos municipales en el plan remitido al Gobierno central, sólo será posible con una serie de medidas drásticas: reducir a la mínima expresión las inversiones para la ciudad, recortar la plantilla de personal, erradicar los polémicos pagos de facturas sin contrato legal previo -más de 80 millones de euros en los últimos ocho años-, ahorrar en el gasto corriente, aplicar austeridad en el gasto interno, depurar la contabilidad de presupuestos anteriores y aplicar subidas sin precedentes en los principales impuestos y tasas municipales, especialmente en el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Construcción. El concejal de Economía, Juan José Pérez Macián, insistió en sostener que las cuentas del ayuntamiento "están perfectamente saneadas" en la misma intervención en la que pedía el voto favorable para un Plan de Saneamiento Financiero. "Traemos un plan de saneamiento, pero no porque haya nada que sanear".
Lejos de aclarar las causas que han llevado al ayuntamiento a su comprometida situación económica, el concejal de Economía optó por desviar el debate descargando cualquier tipo de culpa en el Gobierno central y en la persona de José Luis Rodríguez Zapatero.
Macián también aseguró que el ayuntamiento no subirá los impuestos municipales a pesar de que es una de las medidas que firma el propio alcalde, Alberto Fabra, en un documento que será trasladado al Ministerio de Economía. "No vamos a subir los impuestos. Son sólo y simplemente recomendaciones técnicas que no son más que eso, recomendaciones".
Ante esta postura, el portavoz socialista, Juan María Calles, requirió al alcalde que clarificara "qué medidas de este plan que trae a aprobación piensa cumplir y cuales no, porque según dice su concejal no piensan cumplir las medidas del plan que usted mismo firma; y para poder votar y darle nuestro apoyo necesitamos saber cuáles serán esas medidas, cómo y cuando; y que usted lo explique en esta tribuna". Por su parte, el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, cuestionó este nuevo endeudamiento de 18 millones de euros como "una muestra del desastre de su gestión que piensan resolver endeudando a la próxima corporación".
En la réplica, Pérez Macián presumió de transparencia pero se negó a informar de las medidas del plan de saneamiento que se harán efectivas. "Se tomarán decisiones cuando llegue el momento oportuno. Y las medidas se sabrán cuando se tengan que saber".
En torno a los pagos de facturas sin el preceptivo procedimiento de adjudicación pública, Macián admitió que los encargos "no fueron fiscalizados previamente por la Intervención General Municipal", pero insistió en "negar rotundamente que se hayan dado contratos a dedo".
El Supremo falla contra el emisario submarino
Una sentencia del Tribunal Supremo pone fin a cerca de dos décadas de pleito judicial y obliga al ayuntamiento a anular el acuerdo que aprobó el proyecto del emisario submarino de la depuradora, conducto que atraviesa el subsuelo del Pinar y vierte aguas a 3 kilómetros de la costa. El consistorio acató ayer la sentencia, pero alegó la imposibilidad de eliminar el emisario por una cuestión de servicio público y pide alternativas al tribunal.