NACHO MARTÍN CASTELLÓ
La Fiscalía Anticorrupción ha dado traslado a la Fiscalía de Castelló para que investigue si altos cargos del Ayuntamiento de Castelló, la Conselleria de Infraestructuras y la Conselleria de Cultura han incurrido en supuestos delitos contra el patrimonio cultural y de prevaricación derivados de la obra del trolebús en el parque Ribalta, según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.
Esta decisión responde a la denuncia que el pasado 16 de mayo presentó el grupo municipal socialista contra las tres instituciones y el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, justo un día después de que el Partido Popular abriera la vía judicial al rebasar el plazo del requerimiento de paralización de obras
El equipo socialista liderado por Juan María Calles expuso en su día ante la Fiscalía Anticorrupción que la Conselleria de Infraestructuras ha incumplido los condicionantes que fijó la autorización de la Conselleria de Cultura y ha comenzado las obras sin ni siquiera aprobar el preceptivo plan especial de protección.
A juicio del PSPV, las instituciones denunciadas han incurrido en prevaricación (artículo 404 del Código Penal) porque han proseguido las obras en el parque Ribalta a sabiendas de que se estaba violando la legislación que protege el patrimonio histórico (artículo 323 del Código Penal).
Entre las mencionadas condiciones supuestamente incumplidas destacan la reforestación del parque, la peatonalización de los viales adyacentes, la reducción del tráfico circundante, la reconstrucción de la antigua pérgola, el derribo del muro de la plaza de toros, la excavación arqueológica del Fuerte Libertad y el reflejo de todas las condiciones en un plan especial previo que diseñe el paso por todo el Conjunto Histórico Artístico desde el parque Ribalta hasta la Plaza Tetuán. Además, Calles aporta un informe de técnicos de la Conselleria de Cultura donde "se habla claramente de presiones políticas a los técnicos para autorizar el paso del TVRCAS (trolebús) y se pide la intervención de los servicios jurídicos de la Generalitat frente a una licitación de obra que se aprobó sin contar con el preceptivo dictamen de Cultura".
Según la denuncia, la Conselleria de Infraestructuras "ha iniciado las obras sin esperar a la redacción y aprobación del referido plan especial; tampoco ha respetado la espera de la excavación arqueológica del Fuerte de la Libertad y del refugio de la Guerra Civil, tal como exigía la mencionada autorización y, más aún, sabe de sobra que la obra que está ejecutándose se ampara en un proyecto hecho y licitado con anterioridad a la autorización de la Conselleria de Cultura".
Del mismo modo, el grupo socialista acusa al ayuntamiento y al alcalde, Alberto Fabra, de prevaricación y delitos contra el patrimonio "por omitir su obligación de defensa de los bienes de su propiedad, tal y como exige el artículo 9.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, habiendo hecho, igualmente, caso omiso al requerimiento de esta parte".
Por último, el grupo municipal socialista emprende acciones contra la Conselleria de Cultura por "omitir su obligación de paralización de las obras, tal y como exige el artículo 10, apartado 1 y 2, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano". Ahora, los tiempos de la investigación deberán ser marcados por el Fiscal-Jefe de Castelló, Javier Carceller.