NOEMÍ OMS BENICARLÓ
La Asociación de propietarios de las partidas Riu, Surrac y Aiguaoliva ha encomendado a sus asesores jurídicos que analicen la viabilidad de interponer una demanda contra el Ayuntamiento de Benicarló por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos que supuso para los propietarios de la zona la entrada en vigor del PGOU de 1986.
Así lo anunció el presidente de la entidad, Manuel Roca, como respuesta a la lentitud que sufre el proceso de aprobación del concierto previo del PGOU. Los vecinos consideran que esta decisión aprobada en su día por el ejecutivo presidido por José María Febrer y con el actual diputado autonómico Jaime Mundo como concejal de Urbanismo habría perjudicado los intereses de los propietarios de la zona. Consideran este caso es similar al de Arizmendi en Vinaròs.
Según Roca, entre 1965 y 1986 toda la franja norte estaba catalogada como ciudad jardín semi intensiva, era por lo tanto, una zona urbanizable, y los propietarios disponen de documentación que así lo demuestra. Además, lo corroboran con el más de centenar de licencias municipales y cédulas de habitabilidad de las viviendas que fueron construidas en ese periodo. Sin embargo, "de la mañana a la noche reclasificaron las tres partidas pasándolas a suelo rústico, basándose en que no estábamos cerca de Peñíscola y la zona sur era más atractiva. Y eso creemos que no es un motivo. Teníamos unos aprovechamientos, una serie de derechos que desaparecieron en aquel plan general, por lo tanto, si los abogados nos dicen que adelante pediremos entre 60 y 100 millones de euros, como indemnización por las consecuencias que ha reportado ese nefasto plan de 1986 para la zona".
Movilizaciones
Los vecinos del litoral norte también anunciaron movilizaciones ante los pocos frutos que ha dado el "diálogo" y advierten que no dudarán en hacer llegar al comité de peticiones de la Unión Europea las "extrañas maniobras" que ven en relación con el PGOU, recordando que el propio informe Auken recomienda la participación de los vecinos en todas las zonas que se vayan desarrollando. En este sentido, advirtieron la intención de la Generalitat de destinar a huertos agrícolas de protección las zonas costeras de Surrac y Aiguaoliva trasladando el aprovechamiento urbanístico de los propietarios alrededor de la zona del cementerio municipal.
Asimismo, acusaron al arquitecto municipal de "ensañarse" con la costa norte al recomendar en su informe del concierto previo que sea una zona de densidad baja, no respetando los acuerdos previos.
Protección: promesas incumplidas
En cuanto a la protección de la costa, Roca calificó de "decepcionante" la actuación de Costas al haber incumplido la promesa de la directora general de Valencia, Lydia Pérez, a los vecinos en su visita hace dos meses asegurando que antes del verano "tirarían grandes cantidades de arena para parar la regresión y que la sacarían del puerto de Cullera donde los barcos tenían problemas porque encallaban". Esta medida de urgencia sustituiría a los pedraplenes mientras se redactaban los proyectos de protección y regeneración. "Ya estamos en julio y no se ha tirado ni un grano de arena", dijo el presidente de los vecinos quien denunció que tampoco se ha constituido la comisión de seguimiento entre ministerio, Consell y ayuntamiento.