El alcalde se niega a adaptar el PGOU de 2000 a las leyes vigentes

NACHO MARTÍN CASTELLÓ El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, manifestó ayer que no adaptará a la legislación vigente el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 (PGOU) y que no tiene intención incorporar los planes y modificaciones posteriores al año 1999 en el nuevo periodo de exposición pública exigido por el Tribunal Supremo, el cual ha anulado el PGOU porque el PP privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones.
Fabra expuso como único argumento que se limitará a cumplir de forma literal el contenido escrito de la sentencia emitida el pasado mes de diciembre por el tribunal. "Lo que se hace es cumplir una sentencia en su estricto contenido. Vamos a cumplir la sentencia y la sentencia dice lo que dice, aunque algunos quisieran que dijera otra cosa. Yo hago lo que me dicen los técnicos que hay que hacer para cumplir la sentencia". El primer edil no quiso concretar el número de alegaciones recibidas en esta nueva exposición pública del PGOU, aunque existen una serie de puntos clave que coinciden en buena parte de los escritos presentados.
Decenas de vecinos han impugnado incluso el acto de exposición pública del plan por alterar de forma "ilegítima" la zona verde del parque Ribalta, incumplir la obligación de adaptarse a las leyes vigentes, obviar las 10 grandes modificaciones urbanísticas introducidas durante 9 años, mantener planes anulados por sentencias judiciales firmes e incurrir en diversos errores de procedimiento. Estas alegaciones consideran que el PGOU expuesto al público por el PP "es irreal" porque no incorpora las 10 grandes modificaciones aprobadas durante los últimos 9 años, diez planes especiales, 20 planes parciales, más de 20 estudios de detalle, una decena de planes de reforma interior y cerca de 100 Programas de Actuación Integrada (PAI).
Además, colectivos como SOS Ribalta y el grupo socialista entienden que el planeamiento urbanístico debe cumplir lo establecido en la Ley Urbanística Valenciana (LUV), la Ley del Suelo y la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. La aplicación de la nueva normativa implicaría la multiplicación de los metros cuadrados de suelo protegido, la reubicación de las zonas verdes situadas en rotondas inaccesibles, un plan de participación ciudadana y un estudio de paisaje.